Mujer de cabello rubio y liso hablando en un podio con fondo de madera y dos micrófonos frente a ella
POLÍTICA

El 'caso DGAIA' entra en punto muerto: aún sin causa judicial, y con el riesgo de caer en el olvido

PSC y ERC han unido fuerzas para tapar el escándalo y amenazar a trabajadores y periodistas independientes

El escándalo de la DGAIA, destapado en 2024 y que explotó en 2025, es un grave caso de irregularidades y negligencia en el servicio de atención a menores de la Generalitat. La Sindicatura de Cuentas destapó irregularidades en la contratación y la adjudicación fraudulenta de ayudas a extutelados por valor de 167 millones de euros. El informe reveló un entramado corrupto entre administración pública y fundaciones privadas del tercer sector cuando Asuntos Sociales estaba en manos de ERC. Para hacerlo aún más turbio, después aparecieron testimonios de abusos a menores que revelaron la falta de control y negligencia en el servicio asistencial. 

Una persona desenfocada frente a un edificio con un cartel que dice

La condición de socio del Govern ha permitido a ERC unirse con PSC y Comuns para intentar tapar el escándalo. Estos tres partidos votaron en contra de seguir las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas, y vetaron comparecencias en la comisión de investigación creada por ellos mismos para controlarla desde arriba. Han contado además con el cómplice silencio de los medios públicos y subvencionados en Cataluña.

Un año y nueve meses después de destaparse la caja de los truenos, el caso ha entrado en punto muerto y va camino de caer en el olvido. Solo la tenacidad fiscalizadora de algunos grupos políticos y medios independientes mantienen viva la esperanza de que haya responsabilidades.

Amenazas y operaciones de blanqueo

El caso sigue sin judicializarse pese a que la fiscalía ya había entrado anteriormente en otros casos de negligencia vinculados con la DGAIA. De hecho, el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona sigue sin dar respuesta a la querella presentada el 1 de julio por una organización sin ánimo de lucro. La querella acusa a dos exconsejeros y dos exsecretarios generales de prevaricación, negligencia y omisión del deber de protección. El órgano judicial tampoco explica por qué la querella sigue paralizada en los juzgados.

A 1 de enero de 2026 los únicos procedimientos para esclarecer los hechos son la comisión de investigación en el Parlament de Catalunya, y la auditoría impulsada por el Govern. Ambos mecanismos están controlados por el PSC, socio de ERC, y por lo tanto juez y parte. 

Además, cualquier intento de los medios independientes de esclarecer lo ocurrido son respondidos con amenazas por parte de los responsables directos o indirectos. El alcalde de Manresa, Marc Aloy, amenazó con acciones judiciales a Octuvre tras revelar la implicación de su mano derecha, Jasone Latorre, en las presiones al trabajador que destapó el escándalo. Otro implicado amenazó con denunciar a los medios que están sacando información sobre la DGAIA. Fue concretamente Juan Enrique Gil Robles, de FEPA, federación de entidades del tercer sector que incluye a la Fundació Resilis implicada en el pago indebido de 4,7 millones de ayudas a extutelados.

¿Se hará justicia?

El colmo de la soberbia lo vivimos recientemente en el Parlament, cuando Salvador Illa negó la corrupción e invitió a quien tenga pruebas a ir a un juzgado. Fue en respuesta a Alejandro Fernández del PP, que lidera la ofensiva junto a Vox y Aliança Catalana por esta cuestión.

Junto a las amenazas, ha habido una operación de blanqueo liderada por el propio Govern de la Generalitat. La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, anunció a bombo y platilla una reestructuración profunda de la DGAIA con cambio de nombre incluido. En realidad el modelo sigue intacto y de hechola Generalitat renovó el contrato a la Fundación Resilis para seguir pagando las ayudas.

En definitiva, el 'caso DGAIA' es un pozo de corrupción, negligencia y abusos que incluye presiones a alertadores y a medios independientes que intentan hacer su trabajo. La Oficina Antifraude y la Sindicatura de Cuentas siguen detrás del caso, pero su actividad se está viendo entorpecida por el entramado político-mediático en el entorno de PSC y ERC. ¿Veremos finalmente responabilidades políticas y a los responsables sentados en el banquillo, o conseguirán los implicados que todo quede en nada y acabe cayendo en el olvido?

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