Europa Press Cómo ERC y el PSC han intentado tapar el caso de la DGAIA: 30 millones de euros en riesgo
Entre silencios, maniobras planificadas y connivencia mediática, el tripartito intenta rebajar el escándalo de la DGAIA
El escándalo de la DGAIA se ha convertido en uno de los episodios más turbios de la Cataluña reciente. Lo que empezó como una denuncia aislada ha acabado revelando una trama de pagos irregulares, auditorías manipuladas y un intento conjunto de ERC y el PSC por rebajar la gravedad del caso. Y según explica ahora Octuvre, la gestión opaca de las fundaciones contratistas podría poner en riesgo hasta 30 millones de euros públicos.
Una denuncia que lo cambió todo
El caso comenzó en enero de 2025, cuando un trabajador de una fundación contratista de la DGAIA denunció irregularidades en los pagos a jóvenes extutelados. Los hechos posteriores revelaron que la administración había autorizado ayudas indebidas durante años, sin controles efectivos ni verificación de los beneficiarios.
Seis meses más tarde, la Sindicatura de Cuentas confirmó las sospechas: la Generalitat había efectuado pagos irregulares por valor de 4,7 millones de euros. La cifra desmontó la versión oficial de la consejería de Derechos Sociales, entonces en manos de ERC. La formación republicana había intentado minimizar el impacto del caso calificándolo de “errores administrativos”.
El PSC no quiere pisar a ERC con este problema | Europa Press
De la negación al contraataque político
Durante meses, la estrategia republicana fue el silencio. Ni la Fundación Resilis ni la Fundación MF, principales entidades implicadas, ofrecieron explicaciones. ERC confió en que el asunto se desvaneciera. Pero, ante la persistencia de las denuncias en redes y la presión mediática, el partido cambió de táctica: acusó a Octuvre y a quienes denunciaban el caso de ser “cómplices de la extrema derecha”.
Cuando la Sindicatura certificó los pagos indebidos, ERC dio un paso más: intentó apartar a la síndica que investigaba el caso. La operación formó parte, pues, de una ofensiva institucional para desacreditar a la entidad fiscalizadora y restar credibilidad a sus hallazgos.
El papel del PSC y la “auditoría interna”
En junio, y ya bajo la presidencia socialista, la consejería Mònica Martínez Bravo anunció una “auditoría interna” para aclarar los hechos. El informe, presentado semanas atrás, ha sido el punto de inflexión. En lugar de confirmar los 4,7 millones detectados por la Sindicatura, el documento reduce la cifra a solo 170.000 euros.
El detalle es clave: la auditoría encargada por el Govern no examinó todos los casos, sino una muestra aleatoria de 50 expedientes, lo que permitió rebajar la magnitud del fraude. Con la complicidad de algunos medios, el relato cambió. Lo que era una malversación millonaria pasó a considerarse un “error técnico” sin mayores consecuencias.
Mònica Martínez, consejera de Derechos Sociales | E-Noticies, Parlament
Silencios, nombres y 30 millones en juego
La manipulación mediática se completó con otro detalle inquietante. TV3 evitó mencionar los nombres de las fundaciones responsables, pese a que aparecen decenas de veces en el documento original. El interés en proteger el nombre de Resilis podría estar relacionado con una operación mucho más grande.
El Institut Català de Finances (ICF) habría concedido a Resilis 30 millones de euros para comprar 500 viviendas destinadas a programas sociales. Una auditoría interna de la propia fundación ya había advertido del riesgo de la operación, que podría acabar en una quiebra con graves consecuencias económicas.
En otras palabras, si la relación entre la DGAIA y Resilis se deteriora, la Generalitat podría perder no solo los 4,7 millones del fraude, sino también los 30 millones del préstamo público.
Una maniobra política y financiera
El caso DGAIA ya no es solo un escándalo administrativo. Es un ejemplo de cómo ERC y el PSC han colaborado para controlar el relato y minimizar los daños institucionales. Primero, desacreditando a quienes denunciaron el fraude. Después, reemplazando las cifras oficiales por un informe “interno” con conclusiones mucho más benignas.
Millones de euros bajo sospecha | Europa Press
La operación ha conseguido momentáneamente su objetivo: bajar la tensión mediática. Pero el coste político puede ser enorme. La sombra de una gestión encubridora, el uso selectivo de auditorías y el riesgo de perder 30 millones de dinero público apuntan a un caso que, lejos de cerrarse, podría ampliarse aún más.
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