La Generalitat renueva el contrato a la fundación señalada por la presunta corrupción en la DGAIA

SER Catalunya ha adelantado en exclusiva que Resilis, la fundación señalada por la supuesta corrupción en la DGAIA, seguirá gestionando las ayudas a extutelados. La entidad fue señalada por la Sindicatura de Cuentas por el pago indebido de 4,7 millones de euros. La Consejería de Derechos Sociales la mantendrá al frente de la gestión hasta 2026 pese a estar salpicada por las irregularidades.

El medio ha compartido el documento por el cual la Generalitat prorroga el servicio de valoración y seguimiento de los jóvenes extutelados “que pueden recibir prestaciones económicas”. El documento ha sido avalado por la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo. 

Esto alimenta la sensación de que el Govern de Salvador Illa ha querido cerrar la crisis por arriba y correr un tupido velo. Un ejemplo ha sido la creación de una comisión de investigación por parte del principal partido implicado, ERC, y sus socios PSC y Comuns. Otra maniobra fue el anuncio de una reforma de la DGAIA, basada en el cambio de nombres y un lavado de cara.

26 millones de euros facturados

Fue precisamente en el marco de esta reforma que la Generalitat firmó la prórroga del contrato de adjudicación de las ayudas a Resilis. Según el propio Govern, fue un "trámite administrativo inevitable" para garantizar el servicio. Resilis sigue beneficiándose así de su posición preferente al frente de la DGAIA, aunque ahora bajo otro nombre (DGPPIA).

El último informe, publicado en 2023, indica que la Fundació Resilis ha facturado más de 26 millones de euros en la DGAIA. La entidad estuvo dirigida durante años por Ricard Calvo, que fue al mismo tiempo director de la DGAIA. Es decir, el órgano público que dirigia benefició con millones de euros a la entidad de la que fue gerente.

Gracias a esta nueva prórroga, Resilis recibirá 556.916 euros mientras sigue en marcha la auditoría para determinar los supuestos pagos indebidos. Entre otras cosas, tendrá que determinar si los pagos fueron un error o con finalidades lucrativas.

Sin responsabilidades

Meses después de que estallara el escándalo, sigue sin haber dimisiones ni responsabilidades para las personas que gestionaron todo aquello. El Govern del PSC, que necesita los votos de ERC para mantenerse en el poder, ha intentado tapar el escándalo con la ayuda de los Comuns. 

Acorralada por el escándalo, la Consejera de Derechos Sociales anunció una "ambiciosa" reforma consistente en un cambio de nombres y la limitación de las funciones de la DGAIA. Una de las medidas adoptadas fue traspasar la gestión de las prestaciones económicas a la Dirección General de Prestaciones Sociales.

Pero según se desprende del informe las ayudas siguen siendo gestionadas por la fundación Resilis, salpicada por los supuestos pagos indebidos. De hecho, el contrato prevé que la prórroga pueda alargarse hasta cuatro años más "por motivos de interés social". Eso sí, el gobierno catalán asegura que ya está trabajando en un nuevo contrato para gestionar las ayudas.