Europa Press Unidad antidesahucios, la última concesión de Illa a los Comuns que costará 39 millones de euros
El problema del mercado inmobiliario es que ninguna autoridad política quiere admitir cuál es el origen del problema
El Govern de Salvador Illa ha vuelto a ceder ante los Comuns en materia de vivienda. La creación de una unidad antidesahucios, que contará con un presupuesto de 39,3 millones, se ha convertido en la última gran concesión del PSC. A cambio, los Comuns aceptan dar aire a la negociación de los próximos presupuestos, aunque sin comprometer todavía su apoyo.
El nuevo organismo pretende actuar como escudo frente a los desahucios por impago de alquiler o hipoteca. La oficina dispondrá de una plantilla de 50 trabajadores y comenzará a operar el próximo verano. Según el Govern, su función será “prevenir, mediar y acompañar” a las familias en riesgo de perder la vivienda, una definición que los Comuns interpretan como un paso hacia el “blindaje del derecho a la vivienda”:
Una concesión con nombre y coste político
El pacto llega tras meses de presión de Jéssica Albiach, que había condicionado el inicio de las conversaciones presupuestarias a que se desbloqueara este proyecto. Illa, necesitado de apoyos para consolidar su legislatura, ha decidido satisfacer la exigencia. El Govern asume así una inversión de casi 40 millones de euros que se destinarán a contratación de personal, asesoramiento jurídico y mediación con entidades financieras.
Más tensión para el mercado inmobiliario | Europa Press
La medida se completa con el lanzamiento de un registro de grandes tenedores, obligatorio para todos los propietarios con más de cinco viviendas. Quien no se inscriba podrá enfrentarse a sanciones de entre 9.000 y 90.000 euros. Según los Comuns, el objetivo es “poner orden en el caos de la vivienda” y frenar la especulación.
La estrategia de los Comuns: política social y cálculo electoral
El acuerdo refuerza a los Comuns en su papel de bisagra dentro del Parlament. El partido de Albiach aprovecha su influencia en un Govern minoritario para marcar la agenda social y obtener victorias visibles ante su electorado urbano. Esta nueva oficina antidesahucios forma parte de una narrativa que les permite recuperar banderas simbólicas y del activismo de Ada Colau.
Los Comuns presentan la medida como una “victoria del derecho a la vivienda”, pero su objetivo político va más allá. Con este pacto buscan recuperar protagonismo y condicionar la política habitacional del Ejecutivo sin asumir responsabilidades de gestión directa. En los próximos meses seguirán exigiendo avances en sanidad, educación y movilidad como condición para aprobar las cuentas de 2026.
El intervencionismo que agrava la crisis
La nueva unidad se inscribe en una larga serie de políticas intervencionistas que, lejos de aliviar la crisis de vivienda, han contribuido a agravarla. La regulación de precios y los límites al alquiler han tenido efectos perversos. Entre ellos: reducción de la oferta, aumento de la informalidad y desplazamiento del mercado hacia la compraventa o el alquiler temporal.
Al endurecer las condiciones, muchos propietarios optan por vender o retirar sus viviendas del mercado. Después, el Govern intentará vender esto como una bajada del precio de la vivienda. Pero es una bajada estadística y artificial que responde al hecho de que los pisos caros se han salido del mercado.
Por esta razón se disparan los interesados por un mismo anuncio: literalmente se ha reducido la oferta. Del mismo modo, y como se explicaba en E-Notícies recientemente, la tolerancia hacia la okupación acaba beneficiando a los inversores más astutos. El motivo es que se ha desarrollado un mercado de compraventa de viviendas okupadas y explícitamente destinado a inversores.
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