
Por qué el decreto del Govern y los Comuns arroja a Cataluña a una crisis del alquiler
El mercado del alquiler trasladará la oferta a la compraventa y al mercado negro: se beneficiarán los que más tienen
El Govern decreta la regulación del alquiler de temporada, que será únicamente y exclusivamente el vacacional o de ocio. En realidad, esta no es una noticia inesperada. Por el contrario, es una fase más del colapso inmobiliario de Cataluña, y en particular de Barcelona.
En un primer momento, la ley estatal de alquileres dejó fuera al alquiler de temporada. Acto seguido, la oferta se trasladó a esta modalidad de alquiler (en un 60%, según Idealista) para soslayar la regulación. En consecuencia, las fuerzas políticas, sobre todo, de izquierdas, pusieron el grito en el cielo por la necesidad de regular el alquiler temporal.
La izquierda tiene razón en decir que el actual uso del alquiler de temporada es fraudulento, pero no por ilegal, sino por económico. Básicamente, el alquiler temporal actual se reduce a alquiler de habitaciones y contratos muy cortos (el máximo-mínimo que permita la ley). Ahora bien, el tratamiento que propone la izquierda está completamente alejado de las causas.

La clave siempre fue la demanda
Si el mercado huye poco a poco de la regulación no es por un (inexistente) poder de mercado de los “fondos buitre” o por la codicia de los rentistas. Si el mercado huye de la regulación es porque sencillamente es rentable ¿Y por qué es rentable? Porque se da una tormenta perfecta de falta de oferta y concentración de demanda. Mucha gente pidiendo algo escaso.
De hecho, que el mercado ofrezca salidas como las habitaciones o el coliving no es un demérito del mercado, sino un mérito. Lo que intenta hacer es adaptar la escasa oferta a la enorme demanda. Esto es lo que explica que se produzca una especie de ‘tokenización’ de la oferta, es decir, intentar rascar más oferta de una misma unidad (hacer habitaciones de un piso, por ejemplo).
Y este obedece única y exclusivamente a una concentración de la demanda que, por ahora, la oferta no satisface ni va a satisfacer. Si la demanda fuera de otro bien más elástico (el ocio, por ejemplo), el precio bajaría solo. Pero al tratarse de un bien que, como la vivienda, es bastante inelástico, la rentabilidad es reflejo de esa necesidad.

Un futuro muy negro
¿Qué ocurre si la demanda se mantiene, la oferta es mínima y la regulación asfixia las salidas del mercado? Pues que el mercado inmobiliario avanzará hacia dinámicas informales y cada vez más propias del mercado negro. Esto lleva a una paradoja regulatoria: el intervencionismo crea espacios en los que el poder público desaparece.
Será entonces cada vez más habitual el pago en negro, la degradación de las viviendas o la falta de reinversión. Y esto en el mejor de los casos, es decir, en el caso de que queden propietarios que quieran alquilar sus viviendas bajo el dictado de los políticos. Esto, por cierto, es lo que explica que, a la larga, el intervencionismo inmobiliario dé alas a la izquierda radical, que acaban proponiendo la última medida posible: expropiación.
También es muy plausible que haya un traslado de la oferta a la compraventa. Y como ya han explicado los economistas - ESADE, por ejemplo, con la ley de 2021 - esto solo beneficia a los más ricos, que son los que disponen del capital para invertir cuando el precio baja por una inundación de la oferta. Al margen, claro, de que el parque de alquiler se degrada enormemente porque i) los propietarios no invierten; ii) los pisos “malos” pueden pegarse al techo de precio decretado por la regulación ante la escasez de oferta.
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