@mossos La policía destapa otra red de empadronamientos fraudulentos en Cataluña
La realidad municipal marca la agenda política de Cataluña, empezando por el empadronamiento
Los Mossos d’Esquadra han desarticulado una nueva trama de empadronamientos ilegales en Sant Joan Despí, Baix Llobregat. Esta red cobraba hasta 500 euros a personas recién llegadas para registrarlas de forma fraudulenta en el padrón municipal. La investigación se inició en julio, cuando una auditoría interna detectó irregularidades, según adelanta ElCaso.
Las irregularidades se identificaron en la gestión de varios expedientes por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano. Hablamos, por ejemplo, de contratos de alquiler falsificados y suplantación de identidad para justificar 23 empadronamientos.
Tres personas han sido detenidas acusadas de falsificación documental y de registrar a terceros de forma ilegal. Según la policía, las víctimas desconocían que el procedimiento era fraudulento y pagaron por un trámite que creían legal. La investigación sigue abierta y no se descarta que aparezcan más implicados o perjudicados.
El padrón fraudulento es un negocio | Europa Press
El negocio de empadronar
Este caso es el segundo destapado este verano. El pasado 1 de agosto, la policía arrestó a un hombre acusado de encabezar un entramado que desde 2020 habría realizado al menos 30 reagrupamientos familiares ilegales. En esa trama, se pedían hasta 6.000 euros por familia y se empadronaba a migrantes en viviendas donde nunca habían residido.
En cualquier caso, los fraudes vinculados al padrón no son nuevos en Cataluña. En febrero, la Policía Nacional desmanteló en la Garrotxa una red que empadronaba de forma ilegal a inmigrantes marroquíes en pisos patera. Los responsables fueron sancionados por infracción grave de la Ley de Extranjería, que obliga a inscribirse en el municipio donde se reside habitualmente.
El debate sobre los controles
El padrón es un registro esencial para el acceso a servicios como sanidad o educación. La ley concede a los ayuntamientos un plazo máximo de tres meses para verificar la documentación. Ante el aumento de casos fraudulentos, cada vez más alcaldes reclaman endurecer los controles para impedir empadronamientos irregulares. Entre estos alcaldes, se incluyen los cupaires de Girona y Berga.
Incluso la CUP se ha puesto firme con el padrón | ACN
Y es que, como denuncia reiteradamente el alcalde de Calella, Marc Buch, el padrón se ha convertido en un "coladero" de inseguridad y problemas. Esto explica que varios ayuntamientos se hayan puesto las pilas, como el de Sant Cugat. Hace poco, el consistorio local informaba de que habían dado de baja a nada menos que a 4.000 personas. Se nota que se acercan las elecciones autonómicas.
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