
Sant Cugat da de baja a 4.000 personas que estaban empadronadas de forma irregular
El empadronamiento y los servicios sociales colocan a la política municipal en el centro del debate
El Ayuntamiento de Sant Cugat ha dado de baja a más de 4.000 personas del padrón municipal tras detectar irregularidades acumuladas durante los últimos años. Así lo anunció el teniente de alcaldía Jordi Puigneró (Junts), quien acusó al anterior gobierno de haber mantenido una política laxa y desordenada. Esto - explicó Puigneró - ha provocado un desfase grave entre el censo oficial y la población real residente.
Según dijo, durante los años de mandato del tripartito municipal, apenas se dieron de baja a unas 14 personas en total entre 2020 y 2023. “Estas cifras no reflejaban en absoluto la realidad poblacional de Sant Cugat”, afirmó. En contraste, su gobierno ha procedido en solo un año y medio a depurar el padrón con miles de bajas acumuladas. El consistorio lo considera una muestra de haber “puesto orden” tras un periodo de “dejadez administrativa”.
La polémica de Casa Mònaco y el debate sobre el ‘efecto llamada’
Uno de los focos de la controversia ha sido el caso de Casa Mònaco, un edificio municipal donde se llegaron a empadronar más de 500 personas sin residencia efectiva conocida. Aunque algunas de esas situaciones podían estar justificadas, la cifra era desproporcionada en comparación con otros municipios: “El triple que Sabadell, cuatro veces más que Rubí o Cerdanyola”, señaló. Tras la revisión, la cifra se ha reducido a unas 400 personas.

En cualquier caso, es clave entender que este episodio alimenta un debate en pleno crecimiento en Cataluña. Se trata del uso del padrón como vía de acceso a los servicios sociales en un contexto de alta presión migratoria. En este sentido, Sant Cugat no es un caso aislado.
Municipios de todo el espectro político - incluidos feudos históricamente progresistas como Gerona - han endurecido sus criterios de empadronamiento en los últimos meses. Algunos han seguido el ejemplo de Sílvia Orriols en Ripoll, cuyo férreo control de los registros municipales fue en su día tachado de "xenófobo". Ahora, en cambio, sirve de modelo incluso para ayuntamientos de izquierdas.
Reajuste en la política catalana
El trasfondo, en definitiva, es claro: la presión sobre los servicios públicos es creciente. De este modo, muchos ayuntamientos denuncian que el empadronamiento sin control puede distorsionar el reparto de recursos. Máxime en un contexto como el catalán, que tiene una grave crisis de vivienda, unos servicios públicos deficientes y una administración muy lenta.
Finalmente, este episodio de Sant Cugat refuerza una de las dinámicas más importantes de la política catalana actual: la centralidad de la política municipal. Después de una década flotando en la inoperancia, Cataluña pasa el protagonismo político de la Generalitat a los ayuntamientos. Esto es clave para entender dinámicas políticas como el ascenso de Vox o de AC, clara contrapartida del hundimiento de Junts.
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