El golpe a una red ilegal destapa el problema del empadronamiento en Cataluña

La llegada de Sílvia Orriols a la alcaldía de Ripoll propició el debate del empadronamiento en Cataluña. La prensa subvencionada la acusó de impedir el registro a los inmigrantes, impidiendo así su acceso a los servicios públicos básicos. Luego se supo que lo que hacía en realidad era agotar el plazo establecido por la ley para comprobar la documentación hasta el último detalle.

Además, resulta que era lo mismo que llevaban haciendo decenas de ayuntamientos de distinto color desde hacía años. Con el paso de los meses se ha evidenciado la necesidad de más controles en el padrón. Otros alcaldes han defendido controles más estrictos de los empadronamientos para evitar fraudes y problemas de seguridad.

Hechos como lo ocurrido esta semana en la Vall d’en Bas, en la Garrotxa (Gerona), les da la razón. La Policía Nacional ha desarticulado una red de pisos patera que empadronaba a inmigrantes de forma ilegal.

Grave infracción de la ley de estranjería

Los detenidos son tres personas de nacionalidad española que habrían empadronado de forma fraudulenta a siete inmigrantes marroquíes. Los infractores registraron a los inmigrantes en un piso patera, donde de hecho no residían. Han sido sancionados con 3.500 euros por infringir la ley de extranjería, y se investiga si podría haber más.

La ley establece claramente la obligación del ciudadanos de registrarse en el lugar donde reside habitualmente. No hacerlo impide el control de la población por parte de las administraciones locales, y por lo tanto se considera como un fraude. 

La administración local tiene el deber de registrar a todos los residentes, y ofrece un plazo máximo de tres meses para comprobar la documentación. El padrón es además un requisito indispensable para acceder a servicios públicos como la sanidad o la educación. Ante el aumento migratorio, algunos ayuntamientos optan por empadronar a los recién llegados de forma irregular.

¿Racismo o hacer cumplir la ley?

Algunos ayuntamientos, por ejemplo, han admitido haber empadronado a inmigrantes en edificios donde en realidad no vivían para regularizar su situación. En cambio, otros ayuntamientos han optado por endurecer los controles a la hora de empadronar. Por ejemplo, no empadronar a cualquiera que no tenga un contrato de alquiler o un título de propiedad.

El caso de Ripoll abrió un enfrentamiento entre la Generalitat y el gobierno municipal, que fue acusado de racismo. A otros alcaldes como el de Figueres o el de Mataró, los dos de Junts, también les han llamado fascistas por exigir un mayor control del empadronamiento. 

Estos alcaldes se defienden diciendo que lo único que hacen es hacer cumplir la ley para garantizar la seguridad ciudadana y evitar fraude de ley. Casos como el de la Garrotxa confirma la necesidad de mayores controles para evitar ilegalidades.