Puigdemont ya empieza a recular

Junts ha vuelto a mover ficha, pero lo ha hecho con menos fuerza de la que su propio discurso prometía. Tras días de agitar la posibilidad de una ruptura definitiva con Pedro Sánchez, el entorno de Carles Puigdemont ha optado por una fórmula más ambigua. No habrá moción de censura, ni con Vox ni con nadie. La palabra elegida ahora es “bloqueo total”, una forma de enfriar la tensión sin dinamitar del todo los puentes con el Gobierno.

El partido da por roto el Acuerdo de Bruselas, aquel que permitió investir a Sánchez, pero al mismo tiempo evita el paso irreversible que supondría una ruptura formal. La explicación oficial es que Junts no está en política para garantizar la gobernabilidad del Estado, sino para obtener resultados para Cataluña. Sin embargo, tras la retórica soberanista se percibe un cambio de tono: Puigdemont empieza a medir los costes de su desafío.

De la amenaza al cálculo político

Durante semanas, el expresidente mantuvo la música del afilador, estirando el suspense sobre su apoyo al Gobierno y presentándose como árbitro de la legislatura. En esa dinámica, el anuncio de una reunión decisiva en Perpiñán parecía preludiar una ruptura inmediata. Incluso se preparaba una consulta telemática a la militancia, idéntica a la que en 2023 avaló el acuerdo con el PSOE. Pero el desenlace parece que será mucho más tibio: Junts no se suma a ninguna moción, ni siquiera para desgastar al Ejecutivo.

La dirección justifica esta postura como una reacción ante los “incumplimientos” de Sánchez. La amnistía aún no plenamente aplicada, el catalán sin reconocimiento en la Unión Europea y la cesión de competencias en inmigración frustrada. Pero, en el fondo, Puigdemont se enfrenta a un dilema interno. Si rompe del todo, queda retratado como aliado indirecto del PP y Vox; si sigue apoyando a Sánchez, reconoce que su “acuerdo histórico” apenas dio frutos. Entre ambos riesgos, el líder de Waterloo ha optado por ganar tiempo.

Esa prudencia tiene también lectura electoral. El auge de Aliança Catalana amenaza con robarle voto independentista, mientras el PSC de Salvador Illa sigue creciendo entre el electorado moderado. El espacio político de Junts se estrecha y el farol permanente empieza a tener un coste. De ahí que los alcaldes del partido pidan menos épica y más gestión de la vida diaria.

El repliegue de Puigdemont y la presión sobre Sánchez

El discurso de Jordi Turull, secretario general del partido, ha sido revelador. Ha llamado a ejercer “una política útil y no frentista”, distanciándose de los sectores más duros que pedían una ruptura inmediata. En paralelo, figuras municipales como Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat, insisten en que negociar da resultados. Es muy revelador de la impericia estratégica de Junts que hable el alcalde de uno de los municipios más ricos de España.

La dirección posconvergente traslada así la presión al Palacio de la Moncloa: Puigdemont no rompe, pero tampoco colabora. Es un repliegue táctico que deja la iniciativa en manos de Sánchez, obligado ahora a ofrecer gestos y concreciones para mantener viva la legislatura. De fondo, los socialistas continúan con su estrategia de firma ahora y paga después.