La oposición acorrala al Govern por las irregularidades en la DGAIA

La crisis en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) continúa. Junts, Vox y la CUP han coincidido en señalar al Govern por las irregularidades detectadas en la administración de recursos públicos destinados a los ‘menas’. La consejera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha defendido los recientes ceses en la dirección y ha anunciado una auditoría independiente.

La diputada de Junts, Ennatu Domingo, criticó en la sesión de control la falta de estrategia y liderazgo del Govern ante este asunto. María García Fuster (VOX) fue más clara y denunció las adjudicaciones “a dedo” a entidades vinculadas a antiguos cargos del Departamento. Por su parte, Pilar Castillejo (CUP) cuestionó que el Govern no aplique las normas de contratación pública y ha exigido el cumplimiento de las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes.

La consejera Martínez Bravo aseguró que no existen pruebas claras de corrupción y ha apelado a la prudencia, advirtiendo contra las “conclusiones precipitadas” que, según ella, favorecen a discursos de extrema derecha. No obstante, reconoció que la situación requiere una reforma profunda y ha justificado los ceses como parte de una reestructuración necesaria para alcanzar “un nivel de excelencia”.

Una polémica con raíces profundas

Las irregularidades vienen de lejos. El escándalo de la DGAIA la desveló Octuvre y afectaba fundamentalmente al anterior Govern de ERC. Tal y como se desveló, la DGAIA habría permitido el cobro de prestaciones a jóvenes que no cumplían con los requisitos establecidos. Entre estos, destacaban algunos como vivir fuera de Cataluña o tener ingresos incompatibles con la ayuda.

Del mismo modo, la Sindicatura alertó de que la DGAIA adjudicaba millones de euros en ayudas y servicios de forma irregular. El órgano fiscalizador denunciaba la falta de instrumentos jurídicos adecuados para la adjudicación. Así mismo, señalaba la existencia de una operativa organizaba para eludir los procedimientos de contratación pública.

En algunos casos, los trabajadores de la propia DGAIA habrían sido presionados para no denunciar los hechos. Estos trabajadores estaban bajo la supervisión de responsables con pasado en empresas del tercer sector. Y, entre estas empresas, destaca Resilis, principal adjudicataria del sistema de acogida. Según los datos de contratación, Resilis ha recibido más de 80 millones de euros en contratos, algunos de ellos bajo condiciones que duplicaban los precios de mercado, según denuncias públicas.

Estas empresas - que se encargan de pisos y programas para jóvenes extutelados y ‘menas’ - son ahora señaladas por su cercanía con altos cargos de la Generalitat. Estamos, pues, ante una clásica situación de “puertas giratorias” con conflicto de intereses. En el sector educativo, por ejemplo, la Fundación Bofill es otro caso claro de puertas giratorias con el sello del progresismo.

ERC culpa al árbitro y Junts se mueve según el viento

Cuando estalló el escándalo, ERC no tardó en quitarse responsabilidades de encima. Los republicanos dijeron que todo se debía al COVID, el artículo 155 y la “llegada inesperada” de ‘menas’. Ante esto, los socios de ERC, PSC y Comuns, hicieron piña para desoír el duro informe de la Sindicatura porque, dijeron, daba alas a la extrema derecha.

Por su parte, Junts ha dado con este caso otro ejemplo de intentar jugar a dos bandas. En un primer momento, Jaume Giró tuvo vía libre para denunciar la opacidad interesada del tripartito. Pero, poco después, Junts vetó la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales; nuevamente, no hubo explicación. Ahora, en cambio, Junts vuelve a la carga y se suma a un frente inédito de Vox y CUP para presionar al Govern.