El Govern se niega a decir cuántos menas siguen cobrando una paga de la DGAIA

La de hoy ha sido una mañana difícil para la consejera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez. Varios partidos de la oposición han interpelado a la consejera por el escándalo de las irregularidades de la DGAIA. Este organismo otorgó ayudas a jóvenes tutelados y extutelados que no cumplían los requisitos para beneficiar a terceras empresas.

Precisamente en esta línea, la diputada de Vox María Elisa García Fuster ha preguntado a la consejera cuántos de estos jóvenes siguen recibiendo una paga en Cataluña. Vox denuncia una “deliberada falta de transparencia en los contratos entre la DGAIA y las empresas que se dedican a tutelar menores”. Empresas que por otro lado “están vinculadas a exaltos cargos del Govern”.

Pregunta de Vox a la consejera

La diputada pidió a la consejera “si piensa depurar responsabilidad en los 154 contratos señalados por la sindicatura de cuentas como irregulares”. Así como “los más de 100 millones que el Govern gastó en contratos a dedo y sin amparo en centros de menores de 2016 a 2020”. 

La diputada ha preguntado a la consejera “cuántos tutelados y extutelados están recibiendo una renta de forma fraudulenta, y por ende las empresas contratadas a dedo”.

Además ha incidido también en la polémica destitución de la directora de la DGAIA, nombrada por el propio Govern hace seis meses. La falta de transparencia ha suscitado todo tipo de especulaciones. Vox baraja la posibilidad de que “las razones sean lo suficientemente graves como para esconderlas en el pleno y negarse a comparecer en comisión para explicarlas”.

Respuesta con evasivas

La consejera Martínez ha respondido con evasivas a la pregunta de Vox, y se ha negado a informar sobre los jóvenes que siguen recibiendo una paga. “Somos conscientes que hay cuestiones que se tienen que revisar, y nuestro compromiso es el de seguir haciéndolo”, se ha limitado a decir.

“¿No tiene respuestas, o las esconde?”, ha replicado la diputada de Vox. También ha dicho que “el dinero que regalan a inmigrantes ilegales es nuestra hucha de las necesidades”. Ha mencionado a las familias vulnerables, a los niños en riesgo de pobreza y a las personas con dependencia.

La Generalitat destinó el año pasado 115,4 millones de euros para jóvenes tutelados y extutelados. La intervención de la consejera evidencia que las irregularidades en la DGAIA durante la etapa de ERC se ha convertido en un marrón para el PSC.