Denuncian corrupción de la Generalitat a la hora de dar ayudas jóvenes de acogida

La Generalitat estaría pagando ayudas a jóvenes que no están cumpliendo los requisitos para cobrarlos. Y, con ello, se estarían enriqueciendo empresas del llamado 'tercer sector', que a su vez estarían cobrando para acoger a chavales que ni tan solo están viviendo en Cataluña. 

Quien que se encuentra en el punto de mira es la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia). Este organismo de la Generalitat, que depende de la Consejería de Derechos Sociales, se encarga (entre otras cosas) de acogida de jóvenes extutelados o menores extranjeros no acompañados. Es decir, los 'menas'.

El posible caso de fraude corrupción ha sido destapado por Octuvre. En esta investigación, explican la trama que tienen montada la DGAIA y empresas del tercer sector y que solo sirve para despilfarrar dinero público, que algunos se enriquezcan y que chavales cobren ayudas sin cumplir los requisitos y sin vivir en Cataluña.

Por un lado, la Generalitat paga a empresas del tercer sector para que acojan estos jóvenes. Y paga generosamente, según denuncian. Es decir, con precios muy por encima del precio de mercado (señalan que se podrían pagar hasta 5.000 euros por pisos de 120 metros cuadrados).

En este sentido, la empresa del tercer sector que está en el ojo del huracán es Resilis. Se trata de la empresa que más cobra de la DGAIA (más de 80 millones de euros) y del que algún directivo ha ido saltando de la empresa a la Generalitat y viceversa en modo "puertas giratorias".

Sin embargo, lo más grave del caso que cuenta Octuvre es el de las ayudas a jóvenes de acogida. Estos, en los que hay extutelados y también 'menas', cobran una prestación de más de 700 euros. Eso sí, deben cumplir unos requisitos. Pero tanto la empresa del tercer sector como la propia Generalitat, que son los encargados de vigilar que estos se cumplan, hacen la vista gorda y permiten que cobren las ayudas igualmente aunque no cumplan con los requisitos. El ejemplo que ponen es muy claro, a la vez que escandaloso.

Un trabajador de la DGAIA detecta que un joven está cobrando la ayuda a pesar de tener un trabajo (algo que haría incompatible el cobro de la misma) y de estar viviendo en Valencia (otra incompatibilidad, ya que para cobrar la prestación deben estar viviendo en Cataluña). Cuando lo detecta e informa a sus superiores (alguno ellos, extrabajadora de Resilis), le ordenan que no lo denuncie.

La duda ante esta información publicada es cuántos casos hay realmente, cuántos casos no se detectan y cuántos se ocultan. Con lo que se conoce hasta ahora, pero, es, sin duda, un escándalo que los medios subvencionados no se atreven a publicar.