2025, el año en que se ha roto el tabú del reto demográfico: ¿Quién quiere la Cataluña de los 10 millones?

En apenas dos años Aliança Catalana ha conseguido poner el tablero político patas arriba y marcar la agenda y el discurso de los otros partidos. Si 2024 fue el año que se rompió el tabú de la inseguridad, este 2025 ha sido el año que se ha roto el tabú de la demografía. El partido de Sílvia Orriols ha hecho que partidos que hasta ahora defendían los beneficios infinitos del crecimiento indefinido, de pronto se opongan a la Cataluña de los 10 millones.

Alança Catalana ha experimentado un gran crecimiento gracias sobre todo a poner en el centro del debate la cuestión migratoria. Esto ha obligado al resto de formaciones a adaptar su discurso. Partidos como ERC y Junts, e incluso una parte de la CUP, han pasado de defender la inmigración descontrolada a reconocer las consecuencias del crecimiento demográfico ilimitado. Solo el PSC, los Comuns y una rama de la CUP siguen defendiendo la viabilidad de una Cataluña con 10 millones de habitantes.

ERC, Junts y CUP, de fomentar la Cataluña de los 8 millones a estar en contra la Cataluña de los 10 millones

El giro más descarado lo ha dado ERC, que durante años lideró el espíritu del ‘volem acollir’ y proclamó las bondades de la inmigración masiva. Aunque resisten e incluso mejoran resultados en la encuesta del CEO, sondeos internos han encendido las alarmas. Ante el pánico al auge de Aliança Catalana, dirigentes como Oriol Junqueras, Elisenda Alamany y Gabriel Rufián han marcado un cambio repentino en inmigración y seguridad.

El más vehemente ha sido Junqueras, que ha dejado claro que “la Cataluña de los 10 millones ahora mismo es imposible”. Su idea es que Cataluña ha pasado de 6 a 8 millones sin que se haya invertido en la adaptación de los servicios públicos al crecimiento poblacional. Algo que también defiende Junts, que ahora pide una moratoria de la inmigración como ya pidió mucho antes Aliança Catalana.

El debate ha provocado una fractura en la CUP. Un sector institucional, procedente sobre todo de las comarcas gerundenses, defienden que hay que cuestionar la Cataluña de los 10 millones por su impacto en el modelo económico. En cambio, un sector más de base, potente sobre todo en el área de Barcelona, les acusa de haber comprado el marco de la extrema derecha y apuesta por el crecimiento indefinido.

¿Quién defiende la Cataluña de los 10 millones?

Este sector, encuadrado en la tendencia más socialista de la CUP frente a su sector independentista, se mimetiza con el espacio de Comuns en el cinturón rojo de Barcelona. En los Comuns, de hecho, sí que hay unanimidad al afirmar que en Cataluña cabemos todos, y en la defensa a ultranza de la viabilidad de una Cataluña con 10 millones de habitantes y próspera económica y socialmente.

Quien también defiende el crecimiento demográfico ilimitado es el PSC, que lo condiciona, eso sí, de la necesidad de reforzar los servicios públicos. El Govern de Salvador Illa ha llegado a decir en el Parlament que la inmigración tiene coste cero y que un aumento demográfico beneficiará a la mayoría de la población. Lo dicen en pleno colapso sanitario y un caos educativo sin precedentes en Cataluña.

Empadronamientos y seguridad, a debate  

Todo esto ha sido posible gracias a una defensa desacomplejada del control de la inmigración por parte de Aliança Catalana. Una defensa que ya había hecho anteriormente Vox, pero que no había conseguido penetrar en el votante catalanista. El partido de Sílvia Orriols ha tenido éxito en señalar las consecuencias del crecimiento incontrolado de la población para el sostenimiento de los servicios públicos y la seguridad.

Una derivada es el tema de los empadronamientos, que Aliança Catalana ha situado en el centro de la actualidad. Todo empezó con una campaña de la prensa subvencionada contra el gobierno de Sílvia Orriols en Ripoll por supuestos impedimentos en el proceso de empadronamiento. Con el tiempo se ha demostrado que Orriols tenía razón, y cada vez más alcaldes piden más controles del padrón para garantizar los servicios públicos.

Otra derivada del debate demográfico es el alto porcentaje de extranjeros entre la población reclusa en las cárceles catalanas. Esto, sumado a datos policiales que indican que el 80% de los delitos en Barcelona son cometidos por multirreincidentes extranjeros, ha causado una evidente preocupación. Como ocurrió con la seguridad, que la izquierda woke atribuía solo a percepciones, también los datos han roto el tabú sobre la vinculación entre aumento de la inseguridad e inmigración descontrolada.

Finalmente, el debate demográfico se relaciona con la supervivencia de la cultura, la identidad y la lengua. El grueso de la inmigración es en la edad de 25-35 años, y el promedio de natalidad de la población extranjera es muy superior al de la población autóctona, lo cual hace pensar en una sustitución demográfica en un corto período de tiempo.  

Ni los cordones sanitarios han impedido que estos mensajes lleguen a los ciudadanos, que van perdiendo el miedo a ser estigmatizados como extrema derecha. Por eso algunos han pasado de negar la realidad a copiar el discurso de partidos como Aliança Catalana o Vox.