El Segrià y el Pla d’Urgell, nuevo foco de okupación en Cataluña: hasta un 87% más de casos

Las comarcas del Segrià y el Pla d’Urgell se han convertido en los nuevos focos de la okupación en la provincia de Lérida. Según datos recientes de los Mossos, las denuncias por ocupación de viviendas se dispararon el último año un 32% en el Segrià y un 87% en el Pla d’Urgell. El incremento contrasta con la tendencia a la baja registrada en otras zonas de Cataluña, lo que confirma que el fenómeno se está desplazando hacia el interior.

El año pasado se registraron 111 denuncias en el Segrià y 15 en el Pla d’Urgell, frente a las cifras mucho más moderadas de ejercicios anteriores. En total, los cuerpos policiales contabilizaron 4.345 denuncias por okupación en toda Cataluña entre enero y octubre, una reducción del 18%. Sin embargo, la caída global oculta la fuerte subida en estas dos comarcas leridanas, donde la ocupación ilegal gana terreno y genera creciente inquietud vecinal.

Los Mossos reconocen que la mayoría de los casos afectan a pisos vacíos propiedad de grandes tenedores, fondos de inversión o bancos. Este tipo de situaciones complica la actuación policial, ya que muchas veces resulta difícil localizar a los propietarios para formalizar la denuncia. Sin esa denuncia, la intervención de los agentes se retrasa y los ocupantes logran consolidar su presencia. La lentitud administrativa y la falta de respuesta de los grandes propietarios acaban convirtiéndose en aliados involuntarios de la ocupación.

La nueva frontera del problema

Lérida se ha transformado en un escenario donde convergen dos fenómenos: la expansión de la okupación y la percepción creciente de inseguridad. Aunque las cifras oficiales registran menos ocupaciones consumadas, los intentos frustrados van en aumento. Los Mossos atribuyen este repunte a una mayor vigilancia y a la cooperación vecinal, pero también admiten que la presión policial desplaza el problema hacia municipios más pequeños.

La propia estructura de la provincia facilita este cambio. En localidades del Pla d’Urgell y del Segrià abundan los pisos vacíos, promociones inacabadas y viviendas deshabitadas de antiguos fondos inmobiliarios. Estas zonas, menos controladas que las grandes ciudades, se convierten en un terreno ideal para los grupos que viven de reventar cerraduras y “revender” inmuebles a terceros.

Entre la estadística y la realidad

El caso de Lérida refleja una problemática cada vez más visible en Cataluña. Las autoridades destacan la reducción global de las okupaciones, pero los datos locales desmienten la sensación de mejora. En paralelo, aumentan las situaciones de tensión en comunidades afectadas, donde los vecinos denuncian robos, ruido y conflictos derivados de viviendas ocupadas. En algunos municipios, los consistorios admiten que la inseguridad se ha convertido en el principal problema de convivencia.

Por esta razón, el argumento de que muchos pisos okupados estaban vacíos o eran de fondos de inversión representa un problema. Y es que la okupación no es solo un atentado contra la propiedad, sino sobre todo contra la convivencia. De hecho, la gran lacra de la okupación no es que esté muy extendida, sino que degrada muy rápido cualquier barrio. 

Por esto - y como ocurría ayer en Badalona -, la okupación se convierte más bien en una industria criminal. De esta manera, es habitual que los pisos okupados sean la plataforma para otras actividades criminales. Es entonces cuando parece que, casi de la noche a la mañana, un barrio o un municipio han empeorado mucho.