Empadronamiento, okupas y multirreincidencia: el triángulo de la impunidad en Cataluña

¿Podemos empadronar a alguien en un banco, en una cueva o en un contenedor? ¿A una persona que viene con visado de turista? ¿A quien está ocupando una vivienda y cometiendo un delito?. Con estas simples preguntas, el alcalde de Calella, March Buch, recogía las principales dinámicas de inseguridad que circulan por Cataluña:

Para Buch, como para muchos ciudadanos, el padrón no puede convertirse en una vía automática para acceder a todos los derechos. Y mucho menos sin verificación rigurosa de la residencia y los orígenes. El principal motivo para esto es que, además de saturación, genera un coladero de inseguridad, lo que los criminólogos denominan "zona de confort criminal".

Y son estas "zonas" las que, poco a poco, van produciendo un caldo de cultivo que, de repente, estalla. Entonces los problemas de inseguridad se despliegan en todas direcciones: okupación, tensiones étnicas, prostitución, narcopisos, etc. Pero el origen de esta problemática está precisamente en lo que advertía el alcalde Buch: en la tolerancia con la ilegalidad desde el inicio. 

Y ahora, en Cataluña, empiezan a llegar las primeras facturas de la tolerancia con la ilegalidad de baja intensidad. En esencia, las podemos sintetizar en tres ámbitos que, cómo no, sufren principalmente los ayuntamientos. Hablamos de empadronamientos fraudulentos, okupaciones y multirreincidencia.

Empadronamientos fraudulentos: ¿derecho o coladero?

En Cataluña, el padrón municipal se está utilizando de forma masiva por personas que ni siquiera viven legalmente en la dirección declarada. En Barcelona, por ejemplo, hay más de 45.000 personas empadronadas sin domicilio fijo. Algunas de estas personas estaban inscritas en locales de servicios sociales donde llegaron a empadronarse 6.000 personas.

Pero lo cierto es que el caso de Barcelona es uno de tantos, y las cifras son igual de escandalosas. En Sant Cugat, por ejemplo, el gobierno municipal acaba de dar de baja a más de 4.000 inscritos de manera fraudulenta. Y lo mismo hemos visto en Gerona, donde han pasado de 22 casos a 180 en un año, lo que supone un incremento del 700%.

Paralelo a esto, la okupación de inmuebles está directamente enlazada con el fraude del padrón. Ocupas irrumpen en viviendas vacías y, sin contrato ni permiso del propietario, logran inscribirse en el padrón. Esto supone una situación paradójica en la cual la comisión de un delito no resta, sino que suma; además, con la tolerancia política en muchos casos.

La legalidad puede llegar a ser tan contraintuitiva que aparecen sentencias judiciales de difícil asimilación. En Lérida, por ejemplo, un juez ha obligado al Ayuntamiento a empadronar a okupas sin el consentimiento del propietario de la vivienda. El razonamiento del juez se limitaba a la redacción de la ley, es decir, que el padrón es un derecho, no un requisito.

Multirreincidencia: un problema sin respuesta

Si a esto se le suma una tolerancia kafkiana hacia la multirreincidencia, el triángulo de la impunidad queda definido. Basta con observar los datos. Desde 2020, la multirreincidencia criminal en Cataluña ha crecido un 145 %. En 2023 y 2024, los detenidos con siete o más arrestos pasaron de 265 a 637 personas, respectivamente.

Y por mucho que se intente esconder el perfil del multirreincidente es claro. Se trata de jóvenes originarios del Magreb, responsables principalmente de hurtos, robos con violencia y robos con fuerza. De aquí que más del 80% de los detenidos en Barcelona sean ciudadanos extranjeros, según Mossos y Guardia Urbana.

En total, Cataluña cuenta con más de 3.000 multirreincidentes que, según la terminología de la consejera Parlon, "no tienen DNI español". De este modo, se puede dar el caso de un criminal extranjero con cientos de detenciones y empadronado en una vivienda okupada. Como decimos, esto es lo que explica la escala cualitativa de la inseguridad, con asesinatos, tráficos de drogas, ajustes de cuentas y fugitivos extranjeros.