Toque de atención al Govern: su plan para jóvenes encarecerá todavía más la vivienda

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los problemas más graves de Cataluña y en un foco constante de debate político. En este escenario, el Govern presentó en junio su medida estrella: una línea de créditos para ayudar a los jóvenes a pagar la entrada de su primer piso. La idea era clara: facilitar el acceso a la propiedad en un mercado que parece prohibitivo para toda una generación.

Sin embargo, un reciente informe elaborado por el think tank Ivàlua, participado por la propia Generalitat, ha puesto en cuestión la efectividad del plan. Según el análisis, ayudas de este tipo pueden generar un efecto perverso: encarecer todavía más los precios de compra. La medida, que busca ser una solución, corre el riesgo de convertirse en gasolina sobre el fuego.

El riesgo inflacionista de los créditos

Los créditos del Institut Català de Finances (ICF) cubren hasta un 20% del valor del inmueble con un máximo de 50.000 euros. En teoría, eso debería permitir a miles de jóvenes dar el paso de comprar una vivienda. El Govern ha comprometido 500 millones en cinco años para financiar esta iniciativa, que fue presentada por la consejera de Territorio, Sílvia Paneque.

Pero la evidencia internacional advierte de un problema. En países como Reino Unido, donde se aplicó el programa Help to Buy, estas ayudas terminaron disparando los precios en zonas de alta demanda. Los expertos del Institut d’Economia de Barcelona subrayan que, si la oferta es rígida, los vendedores aprovechan la mayor capacidad de compra de los jóvenes para subir precios. El resultado es que el dinero público no facilita viviendas, sino que engorda los beneficios de quienes venden.

El informe es claro al respecto: estas políticas se capitalizan en el precio final, sobre todo en las ciudades donde el acceso a la vivienda ya es más difícil. Y si eso ocurre, la eficacia será nula. En lugar de abrir la puerta de la propiedad a los jóvenes, se acabará cerrando todavía más, al hacer que los pisos sean todavía más caros.

El verdadero origen del problema

Más allá de las ayudas concretas, la raíz del problema está en la descompensación entre demanda y oferta. En los últimos años, el número de nuevos hogares creados en España ha crecido muy por encima de la construcción de vivienda nueva. Según el Banco de España, el desfase acumulado en 2022 y 2023 se sitúa en las 375.000 unidades, lo que refleja un desajuste estructural que ningún crédito puede resolver.

En Cataluña, esta presión se nota de forma especial en Barcelona y su área metropolitana, donde se concentra el empleo y, con él, la mayor parte de la demanda. Pero desde 2008, las trabas para construir se han multiplicado. El resultado es que hoy se construye tres veces menos que en los años noventa. Si a esto se le suma el crecimiento demográfico, la bomba está servida.

De este modo, la Generalitat se convierte 'de facto' en un agente especulador, como ya se ha explicado en E-Notícies. No es solo que recaude más dinero por impuestos, sino que también fortalece la dimensión financiera del mercado inmobiliario con esta clase de medidas. El intervencionismo político en mercados saturados de demanda tiene varios efectos perniciosos.

El primero es que beneficia a los que ya disponen de capital, o sea, los ricos, porque pueden entrar y salir del mercado inmobiliario, que a todos los efectos se comporta como un mercado financiero. El segundo efecto es el mercado negro. Cuando hay sobredemanda de un bien necesario, la oferta adopta dinámicas informales para sortear la regulación y obtener la rentabilidad que dicta el mercado. Y el resultado son estos precios.