La crisis de la vivienda beneficia a la Generalitat: recauda un 20% más en impuestos

El problema de la vivienda en Cataluña sigue siendo una urgencia social, pero también se consolida como una fuente creciente de ingresos para la Generalitat. En los primeros seis meses de 2025, el Govern ha recaudado casi 1.610 millones de euros a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Esto supone un incremento del 20% respecto al mismo periodo de 2024. Esta subida se traduce en 268 millones de euros adicionales para las arcas autonómicas, impulsados por el auge de la compraventa de viviendas, que ha crecido un 20% entre enero y mayo.

Esta situación, ya anticipada por E-Notícies, no es casual ni coyuntural. Forma parte de lo que el propio Govern ha definido como una "legislatura inmobiliaria", en la que los propietarios de vivienda y el sector turístico cargan con el peso de las nuevas subidas fiscales. Mientras tanto, la Generalitat aprovecha el aumento del valor y del volumen de las operaciones inmobiliarias para llenar sus arcas.

El resultado es que, en plena emergencia habitacional, la Generalitat ha convertido la compraventa de inmuebles en una de sus fuentes más lucrativas de ingresos. Cataluña, junto con Madrid, concentra más del 40% de la recaudación estatal por ITP y AJD. Y por llamativo que parezca la Generalitat se ha convertido por la puerta de atrás en otro agente especulador del mercado.

El Govern apuesta por más ingresos... sin recortar gastos

Desde un principio la estrategia del Govern del PSC se basaba en aumentar los ingresos sin reducir el gasto. Bajo eslóganes como “fiscalidad justa” y “prosperidad compartida”, se han aprobado algunas rebajas modestas del IRPF para las rentas inferiores a 33.000 euros. Además, se han aplicado deducciones al alquiler que benefician a determinados perfiles.

Pero lo más relevante del nuevo plan fiscal es la creación de tramos más altos en el ITP. Así, tenemos un 12% para viviendas entre 900.000 y 1,5 millones de euros, y un 13% para aquellas por encima. También se ha creado un nuevo impuesto del 20% para grandes tenedores que adquieran edificios enteros. Al mismo tiempo, se ha duplicado la tasa turística y se ha permitido a los ayuntamientos establecer recargos adicionales.

Una cuarta parte de esa recaudación irá destinada, según el Govern, a políticas de vivienda. El mensaje es claro: Cataluña financia su nueva etapa posprocesista a golpe de fiscalidad inmobiliaria. Se trata del último ingenio político para no acudir a la raíz del problema: la sobredemanda derivada de la inmigración.

Entre la presión fiscal y la escasez de oferta: tormenta perfecta

El problema es que, mientras se aplican estas subidas fiscales, el mercado inmobiliario catalán se encuentra gravemente tensionado. Según el Observatorio del Alquiler, la oferta de pisos en alquiler se ha reducido un 58% desde 2019. Solo en 2025 se espera que desaparezcan unas 14.000 viviendas del mercado.

Barcelona lidera este desplome, con una presión de 341 solicitantes por cada piso en alquiler durante los primeros días de anuncio. Mientras tanto, el alquiler medio alcanza ya los 1.649 euros mensuales, la cifra más alta de España. Y en el mercado de compraventa, el precio de la vivienda crece al ritmo más acelerado desde 2007.

En este contexto, el aumento del ITP no solo representa una barrera de entrada para los jóvenes, sino que contribuye a agravar la inaccesibilidad. Estas políticas pueden llevar a una tormenta perfecta: menos oferta por culpa del intervencionismo y más demanda por los pequeños incentivos fiscales.

Más impuestos, más recaudación... ¿más soluciones?

La paradoja es evidente: cuanto más grave es la crisis de la vivienda, mayor es la rentabilidad fiscal para la Generalitat. Según los datos del Ministerio de Hacienda, el ITP y el AJD suponen ya un 9,5% del total de los ingresos corrientes del Govern, una proporción que sigue creciendo año tras año. Y todo indica que esta tendencia continuará si no se revierte la escalada de precios ni se amplía la oferta.

Para el Govern, esta es la legislatura de los grandes planes. El plan económico impulsado por Salvador Illa contempla 18.500 millones de euros de inversión, y el plan de vivienda otros 4.400 millones. Pero mientras esos proyectos se desarrollan —si es que llegan a concretarse—, lo que ya está en marcha es la estrategia de financiarse mediante los bolsillos de quienes compran o alquilan vivienda.

Asistimos a una especie de móvil perpetuo en versión fiscal. La Generalitat, para no quedarse fuera del auge del mercado, capta capital en forma de impuestos. Luego, usa ese capital para financiar políticas públicas de vivienda que solo aumentan la demanda. De este modo, la Generalitat se convierte en un especulador 'de facto' por la sencilla razón de que no puede solucionar el problema. Es decir, controlar la demanda.