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Esta vez sí (a pesar de lo que supone)
Puigdemont mantiene su pulso con Sánchez, bloqueando decretos clave sobre pensiones, transporte y ayudas sociales
Hace unos días les decía, en esta misma columna, que los ultimátums de Carles Puigdemont han dejado de surtir efecto por los tantos incumplimientos que ha hecho. Pero en el mismo artículo, publicado el pasado lunes, también les comentaba que esta vez creía que sí que la cosa iba de verdad. Que todo hacía prever que los siete diputados de Junts per Catalunya llevarían hasta las últimas consecuencias su amenaza. Y que, si el PSOE no cambiaba de posición, dejarían caer los decretos —con medidas importantes— que debían votarse el miércoles en el Congreso. Tal dicho, tal hecho.
A diferencia de otras votaciones, donde Junts ha dejado en suspenso el sentido de su voto hasta el último minuto, como en las comisiones de Hacienda de finales del año pasado, esta vez el Gobierno de España no podía retirar la votación para ganar tiempo de cara a seguir negociando. El calendario, con sus decretos, está muy definido. Y si no hay una convalidación por parte del Parlament en el plazo de 30 días, ese mecanismo extraordinario que tiene cualquier gobierno —para adoptar medidas urgentes, pese al abuso que está haciendo Pedro Sánchez por falta de una mayoría que le apoye—. Porque si algo ha quedado claro esta semana, y por eso el PSOE rechaza tramitar la cuestión de confianza que reclama Junts, conscientes de que la perderían, es que el presidente español no cuenta con la confianza de una mayoría de los diputados que conforman el pleno del Congreso.
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La posición de Carles Puigdemont de aguantar el desafío hasta el final, intentando así doblegar a un PSOE que parece dispuesto a no ceder, esta vez, ha provocado un terremoto político que por primera vez ha puesto al Gobierno contra las cuerdas. Impidiendo en sede parlamentaria la convalidación de varios decretos que, en esta ocasión, sí cambian la vida de la gente. Pues el descuento en el abono del transporte público, el aumento de las pensiones, la prohibición de los desahucios a personas vulnerables o el plan Moves para la compra de vehículos eléctricos son medidas importantes en un momento económico y ambiental complicado. Pero de la misma forma que esto es absolutamente necesario, y requiere el consenso de todos los grupos parlamentarios para que entren en vigor lo antes posible, con un nuevo decreto o los que hagan falta, el PSOE intentó colar entre estas medidas el regalo de un palacete de 15 millones de euros en el centro de París al PNV, la subida del IVA a los alimentos básicos o el de la electricidad.
Una vez más, Pedro Sánchez y sus ministros han actuado como si dispusieran de mayoría absoluta. Y no es esto. Y no debería ser esto. PSOE y Sumar no cuentan, hoy en día, si es que han contado alguna vez con ella más allá de la investidura, a cambio de traspasar líneas rojas de su ideario y de hacer concesiones que no se han cumplido, con una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar. Ni Junts ni el PNV, hoy enemistado en Madrid con el PP, en contra de lo que dicen, son de izquierdas ni especialmente progresistas. Todo lo contrario. Pero supieron hacer de la necesidad virtud y llevar siempre que quisieron a Pedro Sánchez hacia su terreno. Consiguiendo todo lo que siempre había dicho que no les daría. Haciendo chantaje día sí y día también para conseguir beneficios para los catalanes y electorales para ellos. Aunque en muchas ocasiones hayan sido engañados.
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Felicito de antemano al presidente Puigdemont por haber mantenido su posición hasta el final, demostrando a Sánchez que todo depende de él, de esa persona de la que hace unos años decía que no pintaba nada en la política española. De aquel Puigdemont al que menospreció hasta el aburrimiento. Y al que hoy mendiga, día tras día, apoyo para poder seguir en el poder. Sabiendo que todo depende del expresidente de la Generalitat. Harían bien, uno y otro, en hablar cuanto antes. Llegar a un acuerdo, esta vez sí negociado, para dar cumplimiento al descuento en el transporte público, clave para personas que vivimos en ciudades del interior de Cataluña, para revalorizar las pensiones o para otorgar las ayudas a los afectados de DANA que tanta falta les hacen.
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