Una persona con camiseta amarilla y pantalones grises está de pie frente a una puerta de hierro entre dos pilares de piedra en un entorno arbolado.
POLÍTICA

El testimonio de una casa de menas que ha indignado a cientos de catalanes

Con el precedente de la DGAIA, cada vez son más los ciudadanos que piensan que el tercer sector es un 'pozo sin fondo'

Un relato publicado en redes sociales ha encendido la polémica sobre el modelo de acogida de los 'menas'. Este usuario narraba la experiencia que le trasladó un inspector de Sanidad tras una visita sorpresa a una de estas casas, donde residen trece jóvenes tutelados. El relato se ha viralizado y ha provocado una oleada de indignación ciudadana.

El inspector explicaba que, al llegar a las nueve de la mañana, casi todos los menores seguían durmiendo y los que estaban despiertos permanecían tumbados en el sofá con el teléfono móvil. Las monitoras, trabajadoras de una empresa subcontratada por la Administración, tampoco se libraban de la crítica. “Sentadas en el sofá, con la televisión encendida y pendientes del móvil”, contaba esta persona.

Según el testimonio, la jornada transcurría sin actividades formativas, sin horarios establecidos y sin aprendizaje de catalán. En este sentido, el relato pone el acento en la falta de objetivos educativos y de inserción. “No hacen formación, no trabajan, no aprenden el idioma, no tienen nada que hacer durante el día”, resumía el inspector según la publicación. 

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Otro de los elementos más polémicos es el coste. Según el testimonio, el gasto no se limita a la vivienda, sino que incluye manutención, ropa, suministros, transporte, internet y teléfonos móviles. La sensación transmitida es que estos menores viven en un régimen de “pensión completa” sin exigencias ni responsabilidades.

El contraste con la inversión educativa

La polémica del testimonio ha coincidido con los datos difundidos esta misma semana sobre el gasto público en Cataluña. Mientras la Generalitat invierte 5.465 euros al año en un alumno de Primaria o ESO, mantiene un gasto cercano a los 50.000 euros anuales por cada mena. La comparación es clara: diez veces más para un menor tutelado extranjero que para un estudiante del sistema público catalán.

Este desequilibrio ha alimentado un malestar creciente entre familias y profesionales de la educación, que reclaman más recursos para combatir el fracaso escolar. La indignación aumenta al recordar que muchos jóvenes catalanes no reciben ayudas para estudiar, mientras que los centros de menores disponen de un presupuesto muy superior por cabeza.

Muchos usuarios en redes han denunciado que "esto del tercer sector" es un pozo de fondo que, además, está poco auditado. Por el momento, lo que es innegable es que el sector ya se ha enfrentado a un escándalo mayúsculo a través de la DGAIA. Todo ello sin perjuicio de que se haya instalado un silencio deliberado entre administraciones y medios de comunicación.

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