La Sindicatura de Cuentas de Cataluña destapa otro caso de fraccionamiento de contratos, esta vez en Interior

La Sindicatura de Cuentas, órgano independiente cuya función es fiscalizar la actividad del poder en Cataluña, ha denunciado nuevas irregularidades en la gestión pública. Este órgano ha destapado escándalos como los de la DGAIA, TV3, el Departamento de Salut y las subvenciones en Cultura. Ahora revela otro caso de graves irregularidades por “fraccionamiento indebido de contratos” en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC).

Este organismo depende de Interior, y las irregularidades se habrían cometido durante el ejercicio de 2023. En aquel momento gobernaba ERC en minoría, y la Consejería de Interior estaba en manos de Joan Ignasi Elena. El caso salpica también a la actual directora del ISPC, Marta Roca, que ostenta el cargo desde octubre de 2022.

Ahora, la Sindicatura de Cuentas revela en una auditoría que durante el ejercicio de 2023 se adjudicaron 501 contratos menores por valor de 2,38 millones de euros. Según el informe hubo una contratación separada de prestaciones que tendrían que haber sido agrupadas bajo un solo contrato, tal y como establece la ley catalana de contratación pública en caso de servicios con una misma función o que cubren necesidades recurrentes o previsibles. Hubo, según la sindicatura, una “elusión de los requisitos de publicidad o relativos a los procedimientos de la adjudicación” que constituyen una “fragmentación indebida” de contratos.

Abuso de contratos menores y favores a empresas

El Instituto de Seguridad Pública de Cataluña es el centro de formación de los cuerpos de seguridad y emergencias de Cataluña. Se encarga de la formación de Mossos d’Esquadra, policías locales, Bomberos, Protección Civil y Agentes Rurales. Está adscrito al departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya.

La Sindicatura de Cuentas ha realizado un informe de auditoría que no se hacía sobre este organismo desde 2009. El resultado ha sido la detección de graves irregularidades en la contratación, como falta de documentación y la ausencia de informes de los servicios jurídicos. Pero sobre todo el abuso de contratos menores como compras reiteradas de material sanitario y logístico a empresas como Adaro Tecnología o Hiliti Española. En estos casos la contratación superaba los límites legales recogidos en la ley.

Pero además, la Sindicatura de Cuentas cuestiona la adjudicación directa, mediante el procedimiento urgencia, de la ampliación de un parque solar por valor de 386.592 euros. El ISPC invitó a una única empresa sin justificar la exclusividad técnica que habría vetado la participación de otros operadores. Lo cual incurre en una irregularidad sobre la igualdad de condiciones en la libre concurrencia.

Irregularidades contables

El informe también señala deficiencias en los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo. Como cinco plazas que se establecieron como puestos de libre designación, o tres funciones que superaban el plazo previsto. 

En cuanto a las irregularidades contables, como la imputación indebida de una factura de 169.767 euros por la rehabilitación de una estructura. O la contabilización errónea de 1,3 millones de euros en matrículas y cursos policiales, además de errores en la gestión de fondos finalistas por valor de 95.950 euros y la omisión de imputación de más de 265.000 euros por un programa fotmativo.

El demoledor informe incluye falta de control patrimonial con bienes no registrados, entre los cuales figuraban infraestructuras clave como la escuela debomberos y vehículos oficiales. Además, la sindicatura advierte de que el portal de transparencia no publicaba información obligatoria, como resoluciones administrativas, datos de plantilla o estadísticas completas de contratación pública.

Por todo esto, la Sindicatura de Cuentas recomienda al ISPC la revisión de la gestión de la contratación y reforzar las medidas de control de los procedimientos con una mayor eficiencia en la programación de la licitación y adjudicación de contratos. Recomienda así mismo revisar los circuitos internos de designación del personal docente, a fin de evitar situaciones equívocas o de incompatibilidades.