Agencia 6 de cada 10 detenidos por yihadismo en España quedan en libertad: qué está pasando
El año pasado hubo menos deportaciones que en 2023 pese a aumentar el número de operaciones antiterroristas
La detención esta semana de un yihadista fugado en España que mató a tres personas durante su desaparición ha cuestionado el funcionamiento del sistema. Pese a haber sido condenado dos veces y haber pasado dos años en prisión, Allal El Mourabit había sido puesto en libertad vigilada. Su familia denunció su desaparición antes de que este peligroso yihadista, altamente radicalizado, cometiera tres asesinatos en Navarra y Cataluña.
El yihadista fugado que mató a tres personas, una de ellas en Cataluña | Redes sociales
La policía detuvo recientemente a diez pakistaníes en Barcelona que planeaban decapitar infieles, y seis de ellos fueron puestos en libertad. Ante casos como este, crece la preocupación sobre el sistema de seguridad antiterrorista en España. Lamentablemente, no son casos aislados.
En 2024 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevaron a cabo 33 operaciones contra el terrorismo islamista en España, y efectuaron 81 detenciones. Solo 33 de ellos fueron enviados a prisión. El resto, un 60% (seis de cada diez), salieron en libertad.
El dato llama la atención ante el aumento de la actividad terrorista desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023. España y Cataluña son zonas rojas del yihadismo internacional. Pese a ello, la mayoría de los detenidos están en la calle.
Por qué muchos no entran en la cárcel
Los datos salen del Observatorio Penitenciario Yihadismo 2024, efectuado por el sindicato penitenciario ACAIP-UGT. La situación es muy preocupante porque además, según la misma entidad, el decalaje entre detenciones y condenas judiciales efectivas podría ser aún mayor.
El informe arroja que la mayoría de los encarcelados, un 63,6%, están acusados de enaltecimiento del terrorismo, propagando y adoctrinamientos. Un 6% pertenecen a organización terrorista, mientras que el 18% fueron acusados de colaboración. Aun así, los autores del informe advierten de la falta de datos oficiales que impide hacer un retrato más global del problema.
Lo que sí evidencian los datos es que hay una preocupante discordancia entre la labor policial y la acción judicial. Está ocurriendo en muchos otros ámbitos de la criminalidad convencional. La labor de la policía acaba siendo muchas veces inútil porque los detenidos salen a la calle, beneficiados por un sistema garantista y, además, colapsado.
La policía batió récord de operaciones antiyihadistas en 2024 | E-Noticies
Los jueces suelen aplicar las medidas cautelares de la forma más preventiva, atendiendo a circunstancias como la posibilidad de reincidencia o el riesgo de fuga. Solo se aplica la prisión preventiva en casos donde hay un peso suficiente de la prueba, o que entrañan una especial peligrosidad.
En el caso del yihadismo, esto es un problema porque muchas veces la policía actúa lo antes posible para abortar posibles atentados. Esto hace que muchas veces detengan a personas sin las pruebas suficientes para que los jueces puedan decretar medidas preventivas. Pero la policía lo tiene claro, prefieren detener al sospechoso antes de que actúe aunque esto conlleve después una pena menor.
3.000 extranjeros expulsados en 2024
Ante esta situación cada vez es mayor el clamor por aumentar las deportaciones de extranjeros delincuentes y vinculados con el terrorismo. España expulsó el año pasado 3.031 extranjeros, en procedimientos iniciados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El Gobierno asegura que el 90% de las expulsiones en la última década fueron tramitadas por actividades contra la seguridad nacional. Pero aunque el año pasado hubo más operaciones antiterroristas que en 2023, en cambio hubo menos deportaciones. Concretamente 59 menos, ya que en 2023 se ejecutaron 3.090 órdenes de expulsión del territorio nacional.
La gran mayoría de los detenidos y expulsados por actividades terroristas son marroquíes o de origen magrebí. Según datos del Observatorio, un 39% de los encarcelados el año pasado eran marroquíes, mientras que el 34% tenían nacionalidad española. La mayoría de los españoles eran de origen magrebí, y residían en Ceuta y Melilla.
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