
Salvador Illa huye hacia adelante con la vivienda: el fracaso que le espera
Es suficiente con vivir el día a día para sospechar de las promesas faraónicas del Govern del PSC
En materia de vivienda, al presidente Illa no le gana nadie, por lo menos prometiendo vivienda. En el último debate de política general anunció la construcción de otras 214.000 viviendas, todo bajo el rótulo de “acuerdo de país”. Como es público y notorio, la política catalana es excelsa anunciando diferentes y variados acuerdos de país.
Hablamos de “otras” 214.000 viviendas porque, hace poco menos de un año, el president ya anunció que haría 50.000 viviendas. Como ocurre ahora, y como ocurrió entonces, todas estas viviendas tienen un ‘pero’: no tienen ni fecha ni presupuesto. Ahora bien, para cualquier que siga la política catalana, y en particular la política socialista, esto no es ninguna novedad.
Si en algo es bueno el PSC - por extensión del PSOE - es en dilatar plazos, diluir compromisos y mientras tanto estar en el poder. De fondo, el mercado inmobiliario sigue su rumbo en el alza de precios, impermeable a la épica del atril del Parlament. La prueba está en que todas las casas de análisis dan por hecho que el aumento de precios continuará.

El Govern del PSC o hacerse trampas al solitario
Evidentemente, las famosas bajadas del precio del 8% en Barcelona y el 5% en Cataluña son malabares estadísticos más bien fáciles de hacer. Las regulaciones no han modificado los fundamentales que explican el aumento de precios, sino que los han reorganizado. Es tan sencillo como que el tope de precios lleva a que muchas viviendas de calidad - o sea, más caras - salgan del mercado.
En consecuencia, los nuevos contratos que sí se firman se concentran en las viviendas baratas. Peor aún: como ya explicaba ESADE en 2021, esto empeora el mercado porque hace que las viviendas “malas” se puedan pegar al techo del precio regulado. Hay tres indicadores que confirman toda esta realidad.

El primero: baja el número de contratos firmados y, además, se renuevan menos. El segundo: hay un trasvase de viviendas al régimen temporal para garantizarse la rentabilidad (en marzo de este año, ya veíamos que ha aumentado un 45% el número de contratos temporal en comparación con 2023). El tercero y último: hay una disminución absoluta de la oferta, más concretamente, del orden de 40.000 viviendas.
Y el algodón no engaña. Los portales inmobiliarios explican que se ha disparado el número de personas interesadas en una vivienda, pasando de 65 a 331. Como es lógico, no es que de la noche a la mañana haya más personas, sino que hay menos pisos. Es decir, efectivamente, se reduce la oferta.
¿Pero qué pasa?
A estas alturas, cualquier persona se preguntará cómo es posible este panorama. Aquellos que hayan seguido E-Notícies ya lo sabrán. Y es que el problema no está en que sea necesaria la intervención pública para equilibrar un mercado adulterado. No. El problema reside en una desproporción insalvable entre la demanda y la oferta.
España en general, y Cataluña en particular, son captadores netos de inmigración; estamos en niveles de cientos de miles de personas cada año. Estas personas, además, se concentran en determinadas zonas y son demandantes netos de bienes y servicios. Es decir, un inmigrante que llega a trabajar a Cataluña es una nueva unidad de demanda de todo. Vivienda, sanidad, educación, infraestructuras, etc. En definitiva, estamos ante un crecimiento demográfico inorgánico.

Así que, mientras se capten estos flujos demográficos, el problema inmobiliario no tiene solución. De hecho, la construcción de cientos de miles de viviendas VPO son un coste neto para el Estado. La razón está en que una parte muy destacada de esa vivienda se destinará a todos estos ciudadanos extranjeros recientemente llegados.
Finalmente, hay que destacar un último factor para evitar falsas esperanzas y debates inútiles. Nos referimos a esa creencia tan extendida de que el mercado inmobiliario está como está por culpa de los “especuladores”, “fondos buitre”, “BlackRock”, etc. Eso es falso y prueba es de una sencillez inapelable. Y es que el 90% del mercado del alquiler en España está en manos de particulares de edad más o menos avanzada.
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