PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP exploran ahora un 'pacto contra los discursos de odio'

PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP han anunciado la inminente creación de una comisión de estudio sobre el racismo y los discursos de odio en el Parlament. Las cinco formaciones firmaron al inicio de la legislatura el ‘pacto antifascista’ contra Vox y Aliança Catalana. El PSC propuso al PP que también se sumara al grupo, pero los populares declinaron.

El cordón sanitario no solo no está consiguiendo su objetivo, sino que está provocando el efecto contrario al deseado.

Las encuestas señalan que los partidos del cordón sanitario se estancan o, como en el caso de Junts, se desploman. Mientras que Vox se mantiene o crece ligeramente, y Aliança Catalana se dispara.

Pero hay algo más preocupante para los firmantes del ‘pacto antifascista’, y es que Vox y Aliança Catalana han conseguido dominar el relato en la cámara. Sus intervenciones son las más seguidas por la audiencia, y en poco tiempo han logrado marcar la agenda política y el debate público.

El fracaso del cordón sanitario han optado por intensificar su estrategia, y exploran ahora nuevas fórmulas para censurar a sus oponentes.

Pacto nacional contra los discursos de odio

Visto que el aislamiento no funciona, estudian ahora “herramientas y mecanismos” para limitar el debate parlamentario. Hasta ahora lo han intentado mediante la intervención arbitraria del presidente del Parlament, Josep Rull. Pero este ha sido apercibido por los letrados de la cámara, que han establecido que la libertad de expresión debe estar por encima de la percepción subjetiva de los “discursos de odio”.

PSC, Junts, ERC, Comuns y ERC quieren ahora sentar las bases para un futuro “pacto nacional contra los discursos de odio”. Creen que ha llegado el momento de actuar más decididamente contra discursos que “ponen en riesgo la convivencia, la cohesión social y la misma democracia”.

El primer paso será la creación de una comisión de estudio para analizar dónde y cómo se originan estos discursos. Por qué canales se difunden y a qué colectivos van dirigidos.

El siguiente paso sería incorporarlo al funcionamiento de la cámara, para mejorar los mecanismos existentes para actuar contra los discursos de odio.

Aunque sus impulsores tienen claro que ya existen reglamentos parlamentarios para limitar esos discursos. Su prioridad es abordarlo desde el ámbito político y social, más que el institucional. De todas formas, creen que sí puede contribuir a aumentar la presión sobre Vox y Aliança Catalana, a quienes de momento su estrategia no hace ni cosquillas.

Toque de atención al presidente del Parlament

El problema para estos partidos es que los letrados de la cámara ya han advertido del doble rasero utilizado para censurar a algunos partidos. Por ejemplo, en la presenta legislatura Josep Rull ha interrumpido ya varias veces a Vox y Aliança Catalana para apercibirles. Pero en cambio ha pasado por alto los insultos de “fascista” y “nazi” proferidos por diputados de Junts y Comuns a Sílvia Orriols.

Además, los letrados han advertido del riesgo que asume el presidente de la cámara al actuar con una arbitrariedad tan descarada.

Por ejemplo, ha apercibido varias veces a Vox y Aliança Catalana por vincular la inmigración con el auge de la delincuencia. Y en cambio se inhibió ante la diputada de la CUP cuando jaleó el apedreamiento de policías en Salt.

La vinculación de la inmigración con el auge de la delincuencia puede gustar más o menos, pero es una posición política que puede ser expresada y rebatida. En cambio, alentar la violencia contra la policía se acerca más a la incitación de un delito. 

Finalmente está la cuestión del legítimo derecho a la representación de estos partidos, que recibieron 366.856 votos. ¿Dónde quedan los derechos de estos votantes a ser representados por sus partidos, amparados por la libertad de expresión de la cámara?