Fiscalidad sobre la vivienda: las claves del plan económico del Govern

Consciente del vacío que dejó el procesismo, el Govern del PSC ha tirado muchas líneas de gran calado en poco tiempo. El objetivo no es otro que devolver al ambiente esa sensación de la Cataluña próspera y previa a la década procesista. Pero, por ahora, todo lo que ha hecho el presidente Illa es engordar la ambición.

Los ejemplos más claros son el plan de vivienda pública y el plan para devolver a Cataluña el liderazgo económico de España. No hablamos de cuestiones menores. Por un lado, el plan de vivienda contempla 4.400 millones de inversión pública; por otro lado, el plan económico son otros 18.500 millones.

Visto con un poco de perspectiva, estos planes económicos no se salen de la situación que ahora hay en el resto de Europa. Es decir, despliegues millonarios y muy ambiciosos para compensar la degradación que empezó con el crac del 2008. A grandes rasgos, esta degradación se cifra en un único fenómeno: la pérdida de poder adquisitivo.

En cualquier caso, los resultados de estos planes se verán en el futuro. Pero lo que no se verá en el futuro, sino ahora, será la financiación de toda esta ambición. Ahora toca el debate de la fiscalidad.

El plan fiscal del PSC

La financiación solo tiene dos posibilidades: aumentar los ingresos o reducir los gastos; y el aumento de ingresos se traduce en emisión de deuda o en subidas de impuestos. En el caso de Cataluña, un recorte profundo del gasto no está ni mucho menos en el horizonte. Queda entonces aumentar los ingresos, que es lo que va a hacer el Govern bajo la idea de una “fiscalidad justa” y “prosperidad compartida”.

Estos eslóganes se traducen en bajar impuestos en un ámbito y subirlos en otro. Como es habitual, se procura que las subidas de impuestos no afecten al grueso de la población con el fin de evitar los correspondientes riesgos electorales. Y, según el nuevo plan fiscal del Govern, se reduce la presión sobre las clases populares, y se aumenta sobre propietarios y sector turístico.

Con respecto al primer grupo, se baja un punto del IRPF a los que ganen menos de 33.000 euros anuales (alrededor del 63% de los contribuyentes). De este modo, se reducen los tramos de 8 a 9, que alcanzarán una horquilla impositiva que va desde el 9,5% de IRPF hasta al 25,5%. A la hora de la verdad, la bajada de un punto porcentual se mueve en cantidades modestas: entre 78 y 103 euros menos de IRPF al año.

Donde sí hay más margen es en la deducción del alquiler. Se aumenta el límite de 32 a 35 años para deducir el alquiler, lo que alcanzará a 16.100 personas. En términos absolutos, el ahorro podrá ir aproximadamente desde los 500 euros para personas solas hasta 1.000 euros para familias numerosas y monoparentales. Y el umbral de renta para la deducción del alquiler también aumenta, pasando de los 20.000 euros anuales hasta los 30.000. Esto se traduce en casi 15.000 personas más que salen beneficiadas.

Estos son los cambios más destacados. Entre otras reducciones fiscales, también están el impulso a las cooperativas, las ayudas fiscales a las víctimas de violencia de género y a las familias que acojan a menores tutelados y cambios en el acceso a los tramos bajos en el impuesto de transmisiones patrimoniales.

¿Quién paga? Tenedores de vivienda y sector turístico

En este punto no hay grandes novedades: pagan aquellos que están en el centro del debate público del momento. En este caso, el sector turístico y los propietarios de viviendas. El PSC, pues, traduce a la fiscalidad las posturas de ERC y Comuns.

De entrada, se crean tramos más altos de transmisiones patrimoniales para los inmuebles de mayor valor. Un 12% para propiedades entre los 900.000 euros y los 1,5 millones, y un 13% para las que estén por arriba del millón y medio. En esta línea, se introduce un impuesto del 20% a la compra de edificios enteros por grandes tenedores.

Finalmente, también se dobla la tasa turística y se autoriza a los ayuntamientos a imponer recargos de cuatro euros por noche y día (ocho, en el caso de Barcelona). Según ha explicado la consejera Romero, el 25% de los ingresos de la tasa turística se destinarán a políticas de vivienda.

El problema inmobiliario no es fiscal: falta oferta

Salvador Illa, en definitiva, pone en marcha su perspectiva socialdemócrata, que de facto se concentra en el problema de vivienda. Una de las incógnitas económicas es si estas rebajas fiscales, unidas a la concentración poblacional, estirarán aún más la demanda de vivienda.

Porque no hay que olvidar que este clima de "fiscalidad inmobiliaria" se producirá sobre un sector de vivienda cada vez más en retirada. Y es que, a pesar de lo que anuncie el Govern en connivencia con la Moncloa, la oferta de alquiler se ha reducido en Cataluña. Lo único que han tenido que hacer los propietarios es trasladar la oferta al alquiler temporal, dejando vacío el residencial.

Por este motivo, el plan económico-fiscal de Illa solo puede prosperar si antes funciona el plan de vivienda, que está proyectado para el 2030.  De lo contrario, se puede dar una tormenta perfecta de reducción de oferta por culpa del intervencionismo regulador y de aumento de la demanda por las rebajas fiscales. Con diferentes nombres, esta es la legislatura inmobiliaria.