Marc Buch, tajante contra el empadronamiento irregular de 200 extranjeros en Calella

El alcalde de Calella, Marc Buch, ha defendido la estricta aplicación de la ley del padrón en su municipio. Esto viene a raíz de la polémica por su negativa a empadronar a 200 trabajadores extranjeros que participan en las obras de ampliación del Camp Nou. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Buch subrayó que la ciudad ya acoge a un número significativo de empleados vinculados a esas obras.

En cualquier caso, el argumento fuerte del argumento es la aplicación de la ley y el "sentido común". Denuncia, por ejemplo, que se le pida empadronar a estos 200 trabajadores con un visado temporal en un hotel. "Rocambolesco", concluye el alcalde.

Buch insiste en que el Ayuntamiento cumple con su obligación de verificar la residencia real de quienes solicitan el padrón. “Calella crece demasiado y tenemos que aplicar estrictamente el padrón”, afirmó. El alcalde recuerda que este registro no puede convertirse en una vía automática de derechos sin una comprobación rigurosa. De paso, Buch ha vuelto a reclamar una reflexión general sobre el uso y los límites del padrón.

Un problema que Cataluña arrastra

Buch es uno de los alcaldes que advierten de los efectos a largo plazo de la tolerancia hacia el empadronamiento fraudulento. Como denunciaba recientemente en un pleno municipal, la negligencia de la administración con el padrón lo convierte en un "coladero" de problemas.  Decididamente, no es un diagnóstico aislado o alejado de la realidad.

En ciudades como Barcelona, Sant Cugat o Girona, los consistorios han detectado miles de inscripciones irregulares. El problema es que muchas de estas irregularidades estaban vinculadas a direcciones ficticias o directamente kafkianas. El alcalde Buch preguntaba si acaso tiene sentido empadronar a personas en hoteles, cuevas, puentes o contenedores:

Paralelo a esto, la jurisprudencia no siempre respalda a los ayuntamientos a intentar luchar contra estas situaciones absurdas. En Lérida, por ejemplo, un juez ordenó empadronar a ocupantes ilegales sin el permiso del propietario, basándose en que el padrón es un derecho reconocido por ley. Este marco legal, combinado con la presión migratoria, genera un escenario en el que los municipios asumen el coste administrativo y social del problema.

La presión sobre los servicios públicos

El caso de Calella se enmarca en una situación más amplia que ya han denunciado otros alcaldes catalanes. En Olot, el consistorio ha pedido frenar el crecimiento poblacional para evitar la saturación de servicios como sanidad, educación o seguridad. Allí, como en otros municipios, se han creado oficinas específicas para detectar empadronamientos falsos.

La relación directa entre padrón y acceso a prestaciones convierte este trámite en un punto crítico de la gestión municipal. El aumento continuado de población deriva en listas de espera más largas, aulas saturadas y una presión creciente sobre las fuerzas de seguridad. Para Buch y otros alcaldes, el control del padrón no es una cuestión ideológica, sino una medida de responsabilidad administrativa.