Europa Press Los impuestos, otra piedra en la maleta de la crisis inmobiliaria
Resolver el problema de la vivienda implicaría un cambio de modelo que la política no se puede permitir
El acceso a la vivienda en España se ha convertido en una de las mayores preocupaciones sociales y económicas de los últimos años. Escasez de oferta, presión demográfica y un marco regulatorio enfermizo conforman un cóctel explosivo. Pero a esa lista se suma un elemento adicional que, lejos de ser menor, está agravando el problema: la fiscalidad.
España es hoy el tercer país de la OCDE que más grava las transacciones inmobiliarias, con un tipo impositivo que llega hasta el 11%. A ello se añade una maraña de tributos que afecta a cada fase del ciclo de la vivienda; desde la adquisición del suelo por parte del promotor hasta la compraventa final por parte del comprador. El resultado es un encarecimiento estimado del 20% sobre el precio final de la vivienda.
La paradoja es evidente: mientras las administraciones declaran la urgencia de solucionar el problema habitacional, su política tributaria actúa como freno a cualquier salida real. La OCDE ha alertado de que gravar la compraventa de inmuebles empeora el problema. Sin embargo, España sigue apostando por esta vía, lo que convierte el acceso a la vivienda en un camino aún más complejo.
El mercado del alquiler acumula mucha tensión | Europa Press
Cataluña, un caso extremo
Dentro del mosaico autonómico, Cataluña destaca por aplicar algunos de los tipos más altos en el ITP y en Actos Jurídicos Documentados, con tramos que llegan al 13%. Solo Baleares impone niveles comparables. La consecuencia directa es que la Generalitat convierte la compraventa de inmuebles en una de sus principales fuentes de ingresos.
En los primeros seis meses de 2025, el Govern recaudó cerca de 1.610 millones de euros solo a través de estos tributos, un 20% más que el año anterior. En otras palabras: cuanto más se encarece la vivienda, más recauda la administración autonómica. De hecho, Cataluña concentra junto con Madrid más del 40% de la recaudación nacional por ITP y AJD.
Lejos de aliviar la presión sobre los hogares, esta política fiscal refuerza una dinámica perversa. La Generalitat financia buena parte de su acción política gracias a una crisis que no logra resolver. Los ingresos se disparan, mientras la oferta de vivienda de alquiler cae en picado - un 58% menos desde 2019 - y los precios baten récords históricos.
Cataluña tiene una fiscalidad especialmente infernal | Europa Press
El cruce perverso entre presupuestos, pensiones y vivienda
La pregunta entonces es por qué las administraciones públicas no bajan los impuestos inmobiliarios, y la respuesta es que no pueden. España tiene una tensión presupuestaria que se deriva en su absoluta mayoría del protagonismo de las pensiones. Esto hace virtualmente imposible casi cualquier cambio en fiscalidad porque implicaría recortes en la Seguridad Social.
Además, es esencial entender que 'de facto' los impuestos se diferencian por el nombre porque, al final, se concentran el mismo bolsillo del Estado. Esto explica que no se pueda ajustar el presupuesto de pensiones solamente con las cotizaciones sociales; ni remotamente se podría hacer eso. Es decir, que cualquier fuente de ingresos (tributación inmobiliaria, en este caso) sea buena para el Estado.
La situación, pues, se presenta kafkiana. Y es que, con el mayor problema económico y social de los últimos años, los gobiernos no hacen nada porque tienen las manos atadas por un sistema de pensiones que saben que es insostenible. Por esto, Francia y Alemania ya adelantan que la época de los recortes está a punto de llegar. Como es habitual, las soluciones llegarán de golpe y de manera más bien traumática.
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