Europa Press El Gobierno admite el 'riesgo para la seguridad' de la inmigración en España
La administración central empieza a aceptar la situación de algunas comunidades autónomas
El Ministerio de Seguridad Social y Migraciones admite que la llegada masiva de inmigrantes a Canarias representa un “riesgo para la seguridad”. Según el informe, el incremento de la llegada de personas a costas españolas genera “situaciones de grave peligro para el orden público”. Esta situación ha llevado al Ministerio a encargar a la empresa pública Tragsa los servicios de apoyo en los centros de primeras llegadas.
El Gobierno advierte del riesgo de desbordamiento y desórdenes por la inmigración masiva
El documento oficial, del que se hace eco Vozpópuli, advierte que cualquier retraso en la atención de los recién llegados puede generar graves riesgos para el orden público. Centros saturados, servicios esenciales interrumpidos y acumulación de problemas ponen en peligro tanto a los trabajadores como a los migrantes. Esto crea un caldo de cultivo para conflictos y desórdenes, según el documento.
Inmigrantes ilegales en Canarias | Europa Press
Además, la alerta incluye la necesidad de prevenir enfermedades infecto-contagiosas, garantizar cuarentenas y desinfecciones adecuadas, así como asegurar alojamiento y manutención. La falta de recursos básicos puede derivar en situaciones de peligro extremo para personas vulnerables, sobre todo en un momento de crisis económica y social.
La presión sobre Canarias es especialmente crítica debido a la insularidad y la saturación de servicios locales y autonómicos. El Gobierno subraya la urgencia de proteger los derechos de los inmigrantes según la Ley Orgánica 4/2000. Pero al mismo tiempo evidencia que la gestión actual está al límite, con riesgos que podrían afectar la seguridad, el orden social y la convivencia en las islas.
Desbordamiento y presión en los centros de acogida
A pesar de que los centros de acogida en Canarias llevan meses abiertos, mantenerlos funcionando a pleno rendimiento se ha vuelto un quebradero de cabeza. La llegada constante de inmigrantes irregulares mantiene la presión al límite y obliga a las autoridades a improvisar para asegurar alojamiento, manutención y salubridad. Oficialmente, hay 737 plazas para menores, pero en realidad más de 5.000 menores se encuentran alojados, seis veces más de lo permitido.
Los traslados entre centros, la reagrupación de familias y la integración social complican la logística diaria. Cada nuevo ingreso exige más recursos y personal, algo que las autoridades admiten que no siempre se puede cubrir. La saturación ha obligado al Gobierno a declarar la contingencia migratoria y reubicar a unos 4.000 menores hacia la Península.
Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Europa Press
La saturación no solo afecta a los migrantes, sino también a los trabajadores de los centros, que se ven desbordados por la carga de trabajo y la acumulación de problemas específicos. Esto aumenta el riesgo de incidentes, reduce la calidad de la atención y genera un ambiente tenso tanto para empleados como para los recién llegados.
Críticas al ejecutivo
La gestión del Gobierno ante la llegada masiva de inmigrantes a Canarias enfrenta serias dificultades. Centros saturados, recursos limitados y personal desbordado generan un riesgo real de incidentes y desórdenes.
La combinación de menores hacinados y servicios esenciales insuficientes pone en evidencia la presión extrema sobre el sistema de acogida. Así como la necesidad de medidas urgentes.
En el ámbito político, los principales partidos han reaccionado con críticas contundentes. VOX ha señalado que la situación representa una amenaza para la seguridad y el orden público, y ha pedido la repatriación de inmigrantes irregulares. El Partido Popular, por su parte, cuestiona el reparto obligatorio de menores entre comunidades autónomas y advierte que no asumirá ingresos sin financiación adecuada
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