Investigan un posible caso de corrupción que salpica a Comuns y a Joan Ignasi Elena

Más problemas para ERC y los Comuns, los partidos que más están sufriendo la crisis de credibilidad de la izquierda en Cataluña. Ambas formaciones se encontrarían en el ojo del huracán de un nuevo caso de corrupción. Un caso que podría ahondar aún más en la caída electoral de estas formaciones, que perdieron entre las dos 189.315 votos en las últimas elecciones catalanas.

Según ha destapado Quico Sallés en El Món, el ayuntamiento de Altafulla habría fraccionado contratos adjudicados a una consultora administrada por Joan Herrera y Joan Ignasi Elena. Es lo que está investigando el juzgado de instrucción número 4 del Vendrell. La jueza, de acuerdo con la fiscalía, ha decidido prorrogar la instrucción a la luz de las pruebas recabadas tras reabrir el caso.

Los hechos se remontan a 2017, cuando el ayuntamiento estaba gobernado por Alternativa Altafulla, una marca de los Comuns. El alcalde era Fèlix Alonso, entonces diputado de Podemos en el Congreso y actualmente diputado de Sumar. Joan Herrera había liderado la formación ICV hasta 2016, mientras que Joan Ignasi Elena venía de ser diputado del PSC en el Parlament, partido que abandonaría para afiliarse a ERC. 

La magistrada espera ahora que los Mossos presenten los atestados para citar a declarar a los investigados y a los testimonios. En septiembre del año pasado los Mossos presentaron un informe con nuevas pruebas que podrían ser claves para la investigación. Se trataría de una gran cantidad de correos de la consultora Sinergia, Energia, Dret, Medi Ambient SLP, presunta beneficiaria de los contratos fraccionados.

ERC denunció el caso estando en la oposición

El caso no ha pillado por sorpresa al actual alcalde Jordi Molinera, de ERC, que denunció personalmente las supuestas irregularidades cuando formaba parte de la oposición. De hecho, lo primero que hizo cuando llegó a la alcaldía fue cortar de raíz cualquier relación con esta consultora. Ahora, el ayuntamiento se ha puesto a disposición de los Mossos para colaborar en la investigación.

Las presuntas irregularidades fueron denunciadas en 2022 a la Oficina Antifraude, que inició una investigación por supuestas “irregularidades”. Las pesquisas arrancan en 2017, fecha del primer contrato sospechoso. Antifraude habla de la posible “adjudicación, mediante contratos menores, de servicios de asesoramiento a una misma empresa”.

El órgano trasladó la documentación a la unidad de investigación criminal de Mossos, que puso en marcha una investigación. Esta se centraría en el uso indebido del concepto de contrato menor, específicamente prohibido por la ley. Pese a que el máximo permitido para un contrato menor es de 18.000 euros, el importe total de las facturas alcanzaría los 25.000. 

Fraccionamiento de contratos

El fraccionamiento de contratos es una práctica irregular mediante la cual la administración pública divide en varias partes un mismo contrato adjudicado a una sola empresa. La ley prohíbe esta práctica porque vulnera los principios de transparencia, igualdad de trato y libre competencia. Además, pone en riesgo la buena gestión de los recursos públicos.

Este caso se suma al de Laura Borràs, recientemente condenada por fraccionar contratos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes. La justicia le condenó a 4 años de cárcel y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental.