
Ingreso Mínimo Vital: cuando la izquierda vende como un éxito que haya más pobres
Un fenómeno muy preocupante de nuestra economía: el trabajo no garantiza la prosperidad
El Gobierno celebra cifras récord de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). En julio, esta prestación llegó a 752.469 hogares, lo que supone más de 2,3 millones de personas, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión. Para la ministra Elma Saiz, este incremento es una muestra de que el Estado "está donde tiene que estar":
La cuantía media del IMV fue de 519 euros por hogar, con un gasto total de 426 millones en un solo mes. Además, más de medio millón de familias recibieron complementos por tener hijos menores a cargo. La cobertura se amplía, sí, pero también lo hace el número de personas que necesita asistencia para llegar a fin de mes. Desde su creación en 2020, el IMV ha alcanzado a más de 3,1 millones de ciudadanos: cada vez son más, y cada vez dependen más.
Sin embargo, esto no hay que interpretarlo como un éxito de gestión pública. La expansión del IMV no es tanto una buena noticia como la constatación de un fracaso económico y social. El problema de fondo es que los datos duros y estructurales confirman esta degradación económica.

Bienvenidos a la pérdida de poder adquisitivo
El contraste entre estas cifras y la situación económica real de las familias es llamativo. Según un reciente informe de Funcas, la renta neta de los hogares sigue por debajo del nivel que tenía en 2008. En paralelo, la carga fiscal ha crecido de forma constante. Entre 2021 y 2024, los españoles pagaron 438 euros más de IVA, y el IRPF medio ha subido del 12,7% al 14,4%. Más impuestos, menos renta y más dependencia de ayudas públicas: esa es la paradoja de la pobreza en España. Pero la situación va más allá de la presión fiscal.
Moody’s y otros organismos internacionales han advertido del estancamiento del PIB per cápita. La economía crece, sí, pero no en términos individuales, y así las rentas más bajas apenas logran ahorrar (esto explica el IMV). El precio de la vivienda continúa por encima de las posibilidades reales de muchas familias, y cada vez más hogares destinan la totalidad de sus ingresos al consumo básico.

En regiones como Cataluña, los indicadores son aún más preocupantes. El informe INSOCAT calculaba que más de 1,3 millones de personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social. La tasa AROPE roza el 24% y entre los menores de edad llega al 34%; el 35% de los catalanes no puede hacer frente a gastos imprevistos. La explicación es clara: la pérdida de poder adquisitivo es constante, y la capacidad de capitalización, cada vez más limitada.
En conclusión, celebrar que hay más perceptores de ayudas sin plantear por qué los necesitan es, como mínimo, una lectura complaciente. Las cifras del IMV reflejan una tendencia preocupante: cada vez más personas dependen de ayudas públicas porque el sistema económico (el trabajo) no les ofrece alternativas.
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