El Gobierno, más cerca de perdonar a Laura Borràs e impedir su encarcelamiento

Junts sigue consiguiendo tratos de favor del Gobierno de Pedro Sánchez para su dirigentes procesados y condenados. Ahora es Laura Borràs quien podría no entrar en prisión gracias a la intervención de la Fiscalía en favor de su exculpación. Junts utiliza así su posición de socio estratégico para condicionar al Gobierno en las situaciones judiciales.

Laura Borràs fue condenada a cuatro años y medio de prisión, trece de inhabilitación y una multa de 36.000 euros. El Tribunal Supremo confirmó recientemente la condena, por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.

El entorno de Junts ha considerado desde el principio que el juicio y la condena a Laura Borràs entraba dentro de la dudosa praxis del lawfare. Es decir, que la juzgaban por quien era y no por los hechos. Denunciaron, entre otras cosas, la desproporción de la pena en relación con los delitos juzgados.

El Gobierno tendrá la última palabra 

Una vez rechazada la aplicación de la amnistía al no cumplir los requisitos, Borràs solicitó a través de sus abogados el indulto. La puerta la abrió la propia magistratura. Concretamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que recomendó el indulto parcial atendiendo a la desproporcionalidad del castigo.

Los abogados han solicitado al TSJC que formalice la petición al Gobierno. De momento, la Fiscalía se ha pronunciado favorablemente a que Laura Borràs no tenga que pìsar la cárcel mientras se tramita el indulto. 

El Ministerio Fiscal sostiene que la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel evitaría “posibles perjuicios a la condenada” en caso que el indulto se resuelva favorablemente. El perdón sería solo por la vía penal, así que se mantendría la inhabilitación y la sanción económica. Una vez el TSJC formalice la petición de indulto, la decisión quedará en manos de la fiscalía, o sea, del Gobierno.

Junts no hará caer a Pedro Sánchez

Esta es una muestra más de los beneficios que está obteniendo Junts al sostenter el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo cual justifica a aquellos que dicen que Puigdemont no invistió a Pedro Sánchez para beneficiar a Cataluña. Sino para obtener cargos, subvenciones y prebendas, así como favores como el que está a punto de recibir la expresidenta del Parlament.

Es también un baño de realidad de cómo utiliza el Gobierno la judicatura para favorecer a sus socios estratégicos. Es la demostración de que Junts no hará caer el Gobierno de Pedro Sánchez, porque tiene poco que ganar y mucho que perder.