
Empadronan ilegalmente a 324 inmigrantes en menos de un mes en Sant Cugat
El pasado septiembre, el Ayuntamiento de Sant Cugat detectó otros 4.000 casos fraudulentos
El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha detectado un alud de empadronamientos en pleno verano. En solo tres semanas se registraron 324 inmigrantes en el padrón municipal con documentación que levantó sospechas. La mayoría de solicitantes eran de la India o Pakistán, acudían en grupo con un traductor y presentaban contratos de alquiler.
La magnitud del fenómeno obligó al consistorio a frenar los trámites el 18 de agosto y a iniciar inspecciones caso por caso. Desde esa fecha hasta hoy, se han presentado unas 50 solicitudes adicionales, lo que confirma que la práctica no ha desaparecido del todo. Las primeras comprobaciones ya han revelado contratos de alquiler falsificados, con direcciones escogidas al azar en el municipio y documentos manipulados para acreditar residencias inexistentes.
Una maniobra organizada
Los técnicos municipales consideran que detrás de esta oleada hay una red organizada que coordina a los inmigrantes, elabora los contratos falsos y facilita traductores. El hecho de que centenares de personas acudieran en pocos días y con un patrón idéntico apunta a una estructura criminal similar a la desmantelada en Vila-seca. Allí la Policía Nacional detuvo a 32 personas por empadronamientos fraudulentos a cambio de pagos de entre 400 y 600 euros.

Las inspecciones en Sant Cugat son lentas porque los funcionarios deben verificar en cada domicilio si realmente viven los solicitantes. Esto implica visitas en distintas franjas horarias y la revisión de casi 400 expedientes. La ley da tres meses de plazo para responder a cada petición, por lo que el proceso será largo y laborioso.
Un problema enquistado en Cataluña
El caso de Sant Cugat se suma a la purga reciente de más de 4.000 inscripciones fraudulentas en el padrón municipal. El actual equipo de gobierno presentó la operación como una muestra de “poner orden” tras años de dejadez. Cómo no, el episodio ha reabierto el debate sobre el uso del padrón como vía de acceso a servicios sociales en un contexto de fuerte presión migratoria y crisis de vivienda.
Municipios de todo signo político, desde Ripoll hasta Gerona, han endurecido sus criterios de empadronamiento en los últimos meses. Es decir, que el problema ya no es un tabú partidista, sino todo lo contrario. Lo ocurrido en Sant Cugat refleja hasta qué punto la política municipal se ha convertido en el centro del debate catalán. Son los ayuntamientos los que lidian con la presión migratoria, el fraude en los registros y el desgaste que esto genera en la convivencia cotidiana.
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