Cedida El drama silenciado en Cataluña: cada hora muere una persona esperando la ayuda a la dependencia
Desde 2017, más de 100.000 ciudadanos han fallecido esperando recibir una prestación que ya tenían reconocida
Cataluña vive una tragedia que apenas se menciona. Mientras los debates públicos giran en torno a ocurrencias sobre la vivienda, miles de ciudadanos mueren cada año esperando la ayuda que debería garantizarles una vida digna. Y es que el sistema de atención a la dependencia en la comunidad atraviesa una crisis profunda.
Según los datos del Departament de Derechos Sociales, más de 68.000 personas están hoy en lista de espera para una valoración. En dos años, la cifra ha aumentado un 180%, pasando de 25.000 a casi 70.000 solicitudes. Es un crecimiento insostenible que revela el colapso de los servicios sociales catalanes.
Una espera que cuesta vidas
El drama tiene un rostro humano. Cada 55 minutos muere una persona en Cataluña sin haber recibido la ayuda a la que tenía derecho. Desde 2017, 103.055 catalanes han fallecido esperando el reconocimiento o el cobro de su prestación. Más del 70% de ellos ya tenían su grado de dependencia reconocido, pero nunca llegaron a cobrar la ayuda.
La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez | Parlament
La crisis afecta a todo el territorio, aunque con intensidad desigual. Las comarcas de Gerona, Osona, Bages, Berguedà, Barcelona y el Camp de Tarragona son las más saturadas. En el Vallès Occidental Este o el Garraf-Alt Penedès, los aumentos superan el 40%. En Gerona centro y litoral, uno de cada siete ciudadanos espera ser valorado.
La desigualdad territorial es, pues, evidente. En zonas rurales, la falta de profesionales y la dispersión geográfica retrasan aún más los trámites. Las familias se sienten abandonadas al mismo tiempo que el número de personas dependientes reconocidas crece sin pausa.
Desde 2015 ha aumentado un 114%, y los casos más graves, los de Grado 3, un 78%. Estos ciudadanos necesitan ayuda constante para sobrevivir. Su espera no solo es una cuestión administrativa: es una cuestión de dignidad humana.
La izquierda no habla sobre este drama | Europa Press
Intentos de solución que no bastan
La Generalitat ha tratado de responder. Se han contratado trece nuevos terapeutas ocupacionales y dos psicólogos en los territorios más tensionados. Desde noviembre de 2024, ya no es necesario presentar un informe médico del sistema público para solicitar la ayuda. En marzo de 2025, se creó un formulario digital automático.
Son pasos adelante, pero insuficientes. Las entidades sociales lo repiten: la crisis es estructural. No bastan ajustes técnicos ni promesas. Estamos ante la otra cara de la presión demográfica, tanto por la inmigración como por el envejecimiento de la población local.
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