
Otra derrota woke: Donald Trump acaba con las cuotas en la administración pública
A partir de ahora se evaluarán los méritos y la capacidad, en lugar de la diversidad sexual o la raza
Donald Trump ha asestado otro golpe al legado ideológico de la administración Biden. El Departamento de Eficiencia Gubernamental y el Departamento de Estado han suprimido las cuotas de género en la administración pública. A partir de ahora se evaluará a los funcionarios por su rendimiento real y no por su género, raza o adhesión al dogma identitario.

El gobierno de Joe Biden introdujo la obligación de incluir criterios de diversidad e inclusión en las evaluaciones de diplomáticos y funcionarios. Un 20% de la evaluación se basan en su adhesión a la ideología de género que promocionaba el gobierno.
Donald Trump anunció durante su campaña electoral que si llegaba a la Casa Blanca sería implacable con las leyes ideológicas impulsadas por los demócratas. Entre sus objetivos estaba acabar con las cuotas de género para primar el mérito y la eficiencia. La administración Trump lo ha reivindicado como una decisión “histórica” que termina con la arbitrariedad y la mediocridad para favorecer el mérito y la capacidad.
Trump contra el legado woke
Donald Trump da así otro paso en el desmantelamiento del programa woke implementado por el gobierno demócrata durante el mandato de Joe Biden. Su primera medida como presidente fue firmar los decretos que revertían las leyes ideológicas y los programas de diversidad. Exigió a la administración reconocer solo dos géneros, tratar a hombres y mujeres por su sexo biológico, y frenar la promoción de la ideología de género.
Ahora, en virtud de este nuevo decreto, accederán a la administración los que mejor nota saquen en la evaluación. En la evaluación dejará de haber criterios ideológicos, de género o de raza. Es decir, accederán los mejor preparados, y no por cuestiones arbitrarias que nada tienen que ver con el mérito.
El debate sobre las cuotas
Las cuotas de género, de las que España fue pionera, tenían como objetivo obligar a la administración y a las empresas a tener un mínimo de mujeres contratadas. Su intención era corregir la desigualdad endémica entre hombres y mujeres. La aprobación de la Ley Trans introdujo también las cuotas LGTBI, que establece la obligación de contratar un mínimo de personas con diversidad sexual.
La idea de las cuotas parte de la idea de que ante los mismos resultados la administración y las empresas eligen siempre a los hombres. Lo mismo ocurre con otras minorías como los trans o los inmigrantes, que se ven discriminados en la contratación.
Los detractores de las cuotas consideran que perjudica la eficiencia y discrimina a los hombres por su mera condición biológica. Por ejemplo, las cuotas pueden hacer que un hombre con una nota más alta quede fuera de la selección en beneficio de una mujer menos preparada.
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