Destapan la argucia de la fundación Resilis para tapar las irregularidades en la DGAIA

El escándalo de la DGAIA suma un nuevo capítulo y, más en particular, un nuevo actor. Según hemos podido saber ahora, la fundación Resilis, situada en el centro de la trama, recurrió a la empresa de servicios jurídicos Judilex para certificar que no había irregularidades en su gestión. Sin embargo, un informe posterior de la Sindicatura de Comptes confirmó todo lo contrario: que sí existían múltiples irregularidades. Esta revelación, publicada por el medio independiente Octuvre, abre la puerta a muchas preguntas.

Judilex fue el único que no vio nada

Hay que empezar por destacar un hecho clave. Desde 2010, una reforma legal permite que las personas jurídicas - como una empresa - puedan ser procesadas penalmente. Pero, poco después, en 2015, otra reforma legal establecía que, si las empresas acreditaban programas de "compliance penal", podían quedar exentas de esas responsabilidades.

Es aquí cuando brotan los interrogantes, a cada cual más confuso. El primero y más destacado es que cómo es posible que Judilex no viera ninguna irregularidad si un organismo oficial como la Sindicatura de Comptes sí los acreditó. Además, las reacciones de Resilis y Judilex ante las publicaciones periodísticas no hacen más que engordar las dudas y sospechas.

Porque, ante la petición de Octuvre de tener acceso a esos informes de "compliance", tanto Resilis como Judilex se niegan a proporcionarlos. En este sentido, hay que destacar otro factor clave. Y es que, como destaca Octuvre, Judilex no se puso en contacto en ningún momento con el trabajador que destapó la trama acudiendo a la prensa.

En definitiva, Resilis contrata una empresa de asesoramiento jurídico para aprovecharse de una reforma legal que permite exenciones penales a las empresas. Después, esta empresa de asesoramiento realiza un informe favorable a Resilis aunque la Sindicatura dice todo lo contrario. Por el camino, los actores involucrados lo niegan todo, eluden cualquier forma de transparencia e intentan esconder los informes.

Como es natural, esta concatenación de amagos dispara una sospecha fundamental. Es decir, que Resilis contrató a Judilex para presuntamente cocinar el informe y blindarse legalmente. Y todo ello con dinero público; tanto las presuntas irregularidades como la contratación del informe para tapar esas presuntas irregularidades.

Comparecencia en el Parlament

Hoy, 18 de septiembre, hay varias comparecencias clave en el Parlament de figuras vinculadas a toda esta polémica. Entre ellas, el síndico mayor Miquel Salazar y la Consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez. En cualquier caso, es de esperar que el tripartito cierre filas para tapar el escándalo todo lo posible, todo ello con la aquiescencia de gran parte de la prensa subvencionada.