@jordiPuignero El cordón sanitario se le gira en contra a Junts: atacan su sede en Sant Cugat
Junts empieza a sufrir los efectos de salirse del consenso progresista de los últimos diez años
La sede de Junts en Sant Cugat ha sido objeto de un ataque vandálico. Los autores, presumiblemente vinculados a grupos de izquierda antisistema, pintaron insultos y acusaciones de racismo. El motivo: Junts defiende un requisito de 10 años de empadronamiento para acceder a una vivienda pública.
El exvicepresidente del Govern y concejal de Junts en el municipio, Jordi Puigneró, denunció los hechos en redes sociales. “Vándalos intolerantes vuelven a atacar la sede de Junts Sant Cugat, tachándonos de racistas por exigir 10 años de empadronamiento para acceder a un piso público. ¿Podemos decir ya que son unos fascistas?”:
De promotores del cordón a sus víctimas
El incidente ha reavivado el debate sobre el cordón sanitario que el propio Junts ha impulsado en los últimos años contra partidos como Aliança Catalana o Vox. La paradoja es que ahora la formación neoconvergente sufre la misma hostilidad que ayudó a normalizar. Porque no hay que olvidar que AC y Vox denuncian recurrentemente ataques contra sus sedes y simpatizantes.
Jordi Puigneró, actual concejal en Sant Cugat | Generalitat de Catalunya
Lo ocurrido en Sant Cugat muestra un cambio de escenario relevante. Los movimientos radicales que antes centraban su ira en la derecha constitucionalista ahora también señalan a Junts. Y lo hacen, claro, cuando la formación de Puigdemont se aparta de la ortodoxia progresista dominante durante años.
El origen del conflicto: el empadronamiento
El motivo del ataque tiene que ver con la propuesta de Puigneró para exigir un mínimo de 10 años de empadronamiento antes de poder acceder a ayudas o vivienda pública. La medida busca frenar el fraude detectado en los últimos meses en varios municipios catalanes.
Según datos oficiales, Sant Cugat ha dado de baja a más de 4.000 personas del padrón municipal tras detectar empadronamientos irregulares. El propio Puigneró ha denunciado que durante el anterior mandato tripartito “solo se dieron de baja 14 personas en tres años”. Esto generó un grave desfase entre el censo oficial y la población real.
De hecho, Puigneró aseguró que en la ciudad se habían detectado “mafias organizadas” dedicadas a falsificar contratos de alquiler para empadronar de forma fraudulenta a inmigrantes, especialmente de India y Pakistán.
Un debate que se extiende por Cataluña
El caso de Sant Cugat no es aislado. Ciudades como Lérida o Gerona también han reconocido problemas similares y han endurecido sus controles. La propuesta de exigir más años de residencia antes de recibir ayudas públicas ha dejado de ser un tabú. Lo que antes se tachaba de xenófobo ahora se debate incluso dentro del espacio posconvergente.
La agresión a la sede de Junts simboliza un cambio más profundo. La izquierda radical ya no distingue entre rivales constitucionalistas o independentistas. Su enemigo es cualquier voz que se salga del consenso multicultural impuesto desde la Generalitat.
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