Vox pide saber cuánto ha gastado la Generalitat en la inmigración ilegal desde 2018

El grupo parlamentario de Vox en Cataluña ha registrado una propuesta de resolución para saber cuánto se ha gastado la Generalitat en la inmigración ilegal desde 2018 hasta hoy. El partido de Ignacio Garriga solicita un informe de la Sindicatura de Cuentas para conocer los gastos directos e indirectos dedicados al modelo inmigracionista. Afirman que se trata de un ejercicio de transparencia, destinado a conocer en qué se han gastado los sucesivos gobiernos catalanes el dinero de los contribuyentes.

Vox lleva tiempo denunciando que los partidos procesistas han fomentado la inmigración ilegal en Cataluña. Y que esta inmigración ilegal masiva ha traído la islamización y la inseguridad en los barrios más humildes. Ahora quieren conocer cuánto dinero público ha costado todo esto.

Según Vox, “entre 2018 y 2025 las políticas y actuaciones en materia de inmigración ilegal y atención a menores extranjeros no acompañados en Cataluña han estado ejecutadas por múltiples departamentos y entidades públicas”. Enumera actuaciones como la acogida y protección de menas, la asistencia sanitaria y la gestión de centros de internamiento.

Vox enumera también los organismos que han llevado a cabo estas actuaciones, como los Departamentos de Interior, Igualdad y Feminismos o Derechos Sociales de la Generalitat. También los cuerpos y fuerzas de seguridad, las administraciones locales y otros organismos públicos. 

Aportan además algunos datos, como el coste estimado de 30.000 millones de euros anuales de los servicios y prestaciones destinados a la inmigración en España. En Cataluña se destina una media de 4.000 euros al mes por cada mena. Una cifra superior a los que se destina en alumnos de Primaria y ESO, o a plaza de residencia para gente mayor o dependencia.

Propuesta de Vox

El gasto pública en la inmigración ilegal incluye también lo que cuesta mantener a los presos extranjeros en las cárceles. Según datos aportados por Vox, en Cataluña los inmigrantes suponen ya más del 50% de la población reclusa, y su mantenimiento cuesta 389 millones de euros de gasto público.

Pero todo esto son datos aislados, ya que como denuncia Vox “la información disponible sobre el gasto público asociado a la inmigración es parcial e incompleta”. El partido de Garriga defiende “la necesidad de sistematizar y analizar de manera detallada toda la información existente para garantizar una evaluación objetiva y rigurosa del uso de los recursos públicos”.

Vox dice que “la magnitud del gasto público asociado a la inmigración ilegal es significativa y abarca múltiples ámbitos asistenciales, educativos, laborales y de seguridad”. Por eso consideran “necesario” garantizar “la transparencia, la eficiencia y el uso adecuado de los recursos públicos”.

A través de esta propuesta de resolución, piden al Parlament “encomendar a la Sindicatura de Cuentas la elaboración de un informe de fiscalización completo sobre el gasto directo e indirecto dedicado a la inmigración”. Solicitan que el informe abarque todos los departamentos de la Generalitat y organismos públicos, durante el período 2018-2025.

Este informe deberá identificar todas las entidades públicas implicadas en las actuaciones de inmigración ilegal, y cuantificar el gasto directo e indirecto de cada entidad y por ejercicio. Tendrá que incluir así mismo una descripción de las actuaciones, y una valoración del cumplimiento de la normativa y la eficiencia y control del gasto público. 

Piden incluir también un apartado de recomendaciones de eficiencia y control del gasto público. Este informe deberá presentarse al Parlament para su debate. Aunque antes, tendrá que ser aprobada la propuesta de resolución en comisión parlamentaria.