
Junts lanza una ofensiva contra los empadronamientos fraudulentos en Tarragona
El partido de Carles Puigdemont y Jordi Turull trata de cerrar la hemorragia de votos a Aliança Catalana
El grupo municipal de Junts en Tarragona ha presentado una moción para poner coto a los fraudes en el empadronamiento. Forma parte de la estrategia del partido a nivel municipal para frenar el avance de Aliança Catalana. El padrón se ha convertido en su principal reclamo para ponerse firmes en cuestiones como la inmigración y la ocupación.

Junts, que sigue en la oposición tras haber descartado un pacto con el PSC para entrar en el gobierno, presiona ahora para un control más exhaustivo del padrón. Proponen una regulación de los procedimientos de alta, baja y modificación del padrón. Así como protocolos de verificación de la residencia y el establecimiento de un régimen sancionador.
Ola conservadora en Junts
Junts justifica su moción argumentando que el padrón es la puerta de entrada a los servicios públicos. Y que la permisividad con los empadronamientos irregulares genera un caos tanto en términos de seguridad como de equilibrio de los servicios públicos.
El grupo municipal solicita tener en cuenta los años de empadronamiento en Tarragona para dar prioridad a los vecinos que hace años que viven y contribuyen en la ciudad. “No podemos permitir que un delito genere derechos”, ha dicho el portavoz de Junts en Tarragona, Jordi Sendra. Ha sido muy contundente al afirmar que "la ocupación ilegal de un inmueble no puede ser la puerta de entrada a los servicios públicos".
Sendra se suma al discurso taxativo de otros dirigentes municipales de Junts como Marc Buch (Calella), Jordi Masquef (Figueres) o Ramon Bacardit (Manresa). Han sido las secciones locales las que han arrastrado al partido a promover cambios legislativos en el Congreso y en el Parlament. Tarragona se suma ahora a esta oleada, que otros ven como un cortafuegos frente a Aliança Catalana.
Aliança Catalana se mofa de Junts
De hecho, la propia delegación provincial de Aliança Catalana se ha manifestado irónicamente ante la medida anunciada por Junts. Aseguran que los postconvergentes tienen "miedo", y que la medida responde a su "desesperación" ante las expectativas electorales.
Junts puso en marcha el pasado mes de mayo la maquinaria electoral para encarar las elecciones municipales de 2027. Los juntaires ven estas elecciones como clave para empezar a recuperar la hegemonía terrritorial perdida en las últimas municipales hace dos años.
Pero la última encuesta publicada este lunes ha desatado la preocupación en Junts, a quien dan 25 diputados frente a los 14 de Aliança Catalana en el Parlament. Con la intención de frenar la hemorragia de votos, Junts está intentando marcar un discurso más duro en seguridad e inmigración. Esto empieza por los territorios, que es donde más impacto generan estas problemáticas.
De hecho, el debate del empadronamiento empezó en Ripoll cuando la prensa subvencionada acusó al gobierno de Sílvia Orriols de entorpecer el empadronamiento de los inmigrantes. Luego se demostró que lo único que hacían era ejercer un control más riguroso para evitar los fraudes. Una moda a la que ahora se suman otros partidos de distinto color político, como un acto de sensatez.
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