Tac12 Silvia Orriols y la 'estafa piramidal' de las pensiones: un debate incómodo
Aliança Catalana no tiene miedo de afrontar los temas más sensibles y esto la separa todavía más del establishment
La intervención de Silvia Orriols sobre el sistema público de pensiones ha vuelto a situarla en el centro del debate político catalán. La líder de Aliança Catalana ha roto un tabú que hacía años que ningún político se atrevía a tocar con esta contundencia. Sus palabras han provocado críticas inmediatas, pero también han recibido el apoyo de quienes consideran que Orriols solo ha verbalizado una evidencia demográfica.
Durante una entrevista en TAC12, la alcaldesa de Ripoll propuso eliminar el sistema de reparto vigente y sustituirlo por un modelo de autogestión. Es decir, que los trabajadores perciban íntegramente lo que hoy descuentan en cotizaciones y que, llegado el momento de la jubilación, el Estado aporte una ayuda mínima. La idea generó rechazo inmediato en Junts, que calificó la propuesta de populista y subrayó que los sistemas públicos se sostienen sobre la esperanza de vida y la solidaridad intergeneracional.
Orriols abre el debate prohibido: la fragilidad del sistema actual
Más allá de la crítica política, el punto que Orriols introdujo pivota sobre un problema real. El modelo español funciona por reparto: lo que cotizan los trabajadores activos paga directamente las pensiones actuales. Este mecanismo depende de un equilibrio que se está rompiendo de forma acelerada por la combinación de envejecimiento y baja natalidad.
La demografía presiona mucho al sistema | Cedida
Los datos más recientes sitúan el gasto en pensiones en torno al 13,7% del PIB, una cifra ya muy elevada dentro de la OCDE. Y según las proyecciones, podría ascender hasta el 17,3% del PIB en 2050, convirtiendo a España en el país que más porcentaje de su riqueza dedica a pensiones. El incremento vendrá impulsado por dos tendencias que ningún partido se atreve a confrontar públicamente: una esperanza de vida superior a los 83 años y una natalidad de 1,2 hijos por mujer.
Para entonces, España será uno de los países más envejecidos del mundo, con una ratio de más de cincuenta mayores de 65 años por cada cien personas en edad laboral. Esto implica que cada cotizante soportará el equivalente a dos pensiones. Este desequilibrio ya genera un déficit anual en torno al 1,5% del PIB.
¿Tiene sentido hablar de “estafa piramidal”? Por qué la comparación conecta con la realidad
El término utilizado por Orriols es deliberadamente provocador. Técnicamente, el sistema español no es un esquema fraudulento: es obligatorio, tiene respaldo legal, está sometido a revisiones del Pacto de Toledo. Sin embargo, la comparación que hace Orriols conecta con un elemento innegable: el sistema depende de que entren nuevos cotizantes.
Eso genera una dinámica que se parece, en su lógica, a la base de cualquier estructura piramidal: si la base se estrecha, todo se tambalea. Eso es justamente lo que está ocurriendo ahora, y eso explica que su discurso haya calado. De hecho, los defensores de Orriols sostienen que su advertencia no es un insulto al sistema, sino una alerta.
Los jóvenes son los más perjudicados | Europa Press
Lo que nadie quiere decir: reformas, capitalización parcial y un pacto intergeneracional en crisis
El debate abierto por Orriols toca el núcleo del problema: el modelo actual no incorpora mecanismos automáticos de ajuste por longevidad. Las medidas recientes han aliviado tensiones puntuales, pero no modifican la estructura del sistema. Por eso la discusión que ella plantea, aun envuelta en polémica, apunta a debates que ya llevan décadas sobre la mesa en otros países.
Hablamos de combinar reparto y capitalización, vincular las prestaciones a la demografía, o generar ahorros colectivos como los fondos soberanos nórdicos. Son cuestiones que, hasta ahora, la política española evita abrir por el coste electoral que implican. En este contexto, la irrupción de Orriols no solo es un gesto provocador.
Su diagnóstico, compartido por una parte de la literatura económica, pone sobre la mesa un dilema que ni Junts ni el resto del establishment parecen dispuestos a afrontar. Sin reformas profundas, el sistema no puede sostener el nivel actual de pensiones para las próximas generaciones.
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