La reducción de jornada, otra medida de Sumar y Comuns que va camino del fracaso

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto para la reducción de la jornada laboral. La ley tendrá que seguir ahora su periplo, y no se espera que llegue al Congreso de los Diputados antes del verano. Pero ya ha servido para que dirigentes de Sumar y En Comú se cuelguen la medalla y frenar así su declive electoral.

Yolanda Díaz ha dicho que “es una medida de salud pública, democrática porque reparte la productividad, feminista y que lucha contra el cambio climático”. 

La diputada Aina Vidal ha dicho que “la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas afectará de manera positiva a 12,5 millones de trabajadores”. Y ha celebrado que “cada vez estamos más cerca de esta conquista”.

Jéssica Albiach ha dicho que lo que quieren los catalanes es “cobrar mejor y trabajar menos”. Los Comuns han hecho suyo el lema “trabajar menos, vivir mejor”.

La reducción de la jornada laboral es la medida estrella con la que Sumar quiere dejar su huella en esta legislatura. Lo llevaban en su programa electoral, con la idea de que trabajar menos horas aumenta la productividad, favorece la conciliación familiar y contamina menos.

Pero los expertos y lo que ha pasado en otros países advierten de las consecuencias negativas de reducir la jornada laboral mediante imposición. La reducción de la jornada laboral va camino de otro desastre, como el fracaso de las políticas de vivienda de los Comuns en Barcelona. 

Caída de la productividad y negocios en riesgo

Lo que se ha observado en otros países como Francia, Bélgica o Portugal es que reducir la jornada laboral a golpe de decreto provoca una caída de la productividad. En estos casos, de 1,5 hasta 3,5 puntos. Lo cual sería una estocada a la economía española, que lleva años peleando por mejorar los índices de competitividad.

Hay que decir que la caída de la productividad en estos países responde a varios factores y no puede achacarse solo a la reducción de jornada. Pero los estudios apuntan también que la medida ha funcionado cuando se ha hecho a través de negociaciones o convenios. En cambio, la regulación, la imposición mediante decreto ley, supone un claro desincentivo.

Hay dos cosas que preocupan especialmente ante la reducción de la jornada laboral en España. 

Una es el efecto negativo que tendrá en los pequeños y medianos comercios, muchos de los cuales podrían verse obligados a cerrar. En el mejor de los casos, muchos autónomos tendrán que trabajar más horas (se calcula que una media de 53 horas semanales) para mantener el negocio a flote.

La otra es que la mayor caída de la productividad se producirá en el sector terciario, y en especial el de la hostelería. En este tipo de negocios la productividad está muy vinculada a las horas trabajadas. Esto es muy preocupante, por el perjuicio que causaría a una economía sustentada sobre todo por este sector.

El fracaso de las recetas mágicas

La introducción de esta medida en una economía con evidentes debilidades podría llevar a una pérdida de lugares de trabajo. Sobre todo si no va acompañada de incentivos fiscales.

Y es que allí donde la reducción de jornada se ha hecho mediante convenio y atendiendo a las particularidades de cada empresa o sector, la medida ha tenido éxito. Pero cuando se ha intentado imponer, ha causado males mayores. Lo cual vuelve a cuestionar la obsesión reguladora de la izquierda, que ha llevado a desastres como el de la vivienda.

Al intervenir de forma invasiva el mercado se provocan distorsiones que muchas veces aportan más problemas que soluciones. Barcelona fue el laboratorio experimental de las políticas de vivienda de Podemos, y el resultado fue catastrófico. Tras ocho años de gobierno, es uno de los lugares donde más ha subido el precio de la vivienda.

Además, Sumar y Comuns vuelven a presentar una receta mágica que quiere acabar con todos los problemas. Quieren subir los salarios, reducir la jornada laboral, subir los impuestos y mejorar la ocupación. Pero todo no puede ser.

Subir el salario mínimo a los trabajadores para luego quitarles el doble con más impuestos supone una pérdida de poder adquisitivo para la gran mayoría. Querer reducir la jornada laboral sin perder puestos de trabajo o que la economía no se resienta también parece una quimera.