La querella del caso DGAIA afina las acusaciones contra dos exconsejeros de ERC y Junts: 'prevaricación y malversación'

El caso de presunta corrupción en la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia) llegó a la justicia gracias a una querella de la asociación Guardianes de la Inocencia. Pero la querella, presentada el pasado mes de julio, había quedado en un cajón. Ahora, a petición de la jueza, los querellantes han concretado las acusaciones contra dos exconsejeros y un exsecretario general.

Se trata de un paso previo para que la jueza se pronuncie sobre la querella, ya sea para su aceptación y posterior envío a fiscalía, o para rechazarla. La judicialización de la causa es importante para que las irregularidades no caiga en el olvido, como pretenden sus implicados, ERC y Junts, con la indispensable colaboración de socialistas y comunes.

Estos partidos impulsaron una comisión de investigación en el Parlament cuando el caso ya había estallado en la opinión pública. Se trata de un intento de controlar el proceso, en el caso más grave de irregularidades en las instituciones catalanas de la última década.

Qué delitos se les atribuye

El 'caso DGAIA' se refiere a irregularidades en la adjudicación de contratos y ayudas, así como la negligencia en la protección de los menores a cargo de la Generalitat. La querella, cuyos detalles ha adelantado Quico Sallés en El Món, se centra en dos exconsejeros de Asuntos Sociales: Chakir El Homrani (ERC) y Violant Cervera (Junts). Además, incluye a la exdirectora general de la DGAIA, Ester Sara Cabanes, y el exsecretario general de Asuntos Sociales, Josep Ginesta.

Los querellantes consideran que Chakir El Homrani, consejero entre mayo de 2018 y mayo de 2018, es responsable de la "consolidación de un sistema deficiente de control de las prestaciones sociales". Advierten que durante su mandato la Renta Garantizada de Ciudadanía funcionó "con una ausencia total de control efectivo, generando un "perjuicio patrimonial masivo" a la Generalitat.

Le consideran susceptible de posibles delitos de prevaricación y malversación, por omisión del deber de protección o cuidado. Según apuntan, el entonces consejero no activó los mecanismos necesarios para controlar el procedimiento y evitar el  "grave perjuicio económico causado".

En cuanto a la exconsejera Violant Cervera, en el cargo entre mayo de 2021 y octubre de 2022, le atribuyen haber dado "continuidad" a las "graves irregularidades" en la "gestión y el control de las prestaciones sociales". Argumentan que, según el informe de la Sindicatura de Cuentas, el suyo fue un mandato especialmente problemático. "A pesar de su conocimiento de pagos indebidos y expedientes irregulares, no se promovieron medidas eficaces de revisión ni reintegro de todos aquellos pagos indebidos", apunta la querella. 

Caso de abusos sexuales a menores

La querella carga también contra Ester Sara Cabanes, que fue directora general de la DGAIA entre 2018 y 2024. Durante su mandato tuvo lugar el caso de abusos sexuales reiterados a una menor de 12 años bajo protección de la Generalitat. "A pesar de la existencia de fugas continuadas, acreditadas a través de los informes de los educadores sociales que actuaron, conductas de riesgo y alertas del personal educativo, no se adoptaron medidas eficaces de protección y se permitió la prolongación de la situación de desamparo", dice la querella.

Los querellantes incluyen al exsecretario general de Asuntos Sociales, Josep Ginesta, en el cargo entre 2016 y 2020. En su caso, le imputan "el diseño y mantenimiento de una estructura ineficaz para el control de prestaciones sociales y recursos destinados a la protección de menores". Durante su mandato "se consolidó un sistema de fragmentación tecnológica -con hasta 8 aplicaciones simultáneas e ineficaces- sin suficiente control ni auditorías de ciberseguridad que anteriormente habían sido denunciadas por la Sindicatura y que permitió el abono de ayudas incompatibles durante años, alegan.