E-Noticies Archivan por 'vencimiento de plazos' un caso de presunta corrupción que implicaba a CiU y ERC
Se investigaban los delitos de soborno, prevaricación, tráfico de influencias, violación de secretos y malversación
No hay nada peor para la salud democrática de una sociedad que ver como graves casos de presunta corrupción quedan sin castigar por errores de la justicia. Esto genera una sensación de impunidad, sobre todo cuando están implicados los partidos que han gobernado. Esto es lo que ha ocurrido nuevamente en Cataluña, con el archivo del ‘caso Manga’ que investigaba los delitos de soborno, prevaricación, tráfico de influencias, violación de secretos y malversación de caudales públicos.
La policía investigó varios organismos políticos | Europa Press
Se trata de un caso de presuntas adjudicaciones fraudulentas en el Consejo Comarcal de La Selva, cuando el ente estaba dirigido por CiU y ERC. Hubo medio centenar de implicados y la jueza llegó a imputar a ocho personas, entre los cuales varios políticos. El juzgado de instrucción número tres de Santa Coloma de Farners ha archivado el caso alegando el agotamiento de los plazos de instrucción.
El caso, que quedará finalmente sin juzgar, extiende la sombra de la corrupción sobre los partidos nacionalistas que gobernaron Cataluña durante años. Los mismos que se ven implicados en las graves irregularidades de la DGAIA, que va camino de quedar también sin responsabilidades.
Un gravísimo caso de corrupción
El 'caso Manga' es una rama de la macrocausa del 'caso Pokemon', abierto en 2012 en Lugo, Galicia, que investigaba una supuesta trama de contratos públicos a través de sobornos y tráfico de influencias. La investigación llevó hasta la comarca de La Selva, donde varios políticos se vieron implicados en la presunta corrupción. La Guardia Civil registró las sedes de varios entes públicos, y arrestó a varias personas entre las cuales el presidente del consejo comarcal de CiU, Robert Fauria.
Fauria defendió su innocencia y anunció su dimisión de todos los cargos para proteger a su entorno y a las instituciones. El caso también provocó la dimisión del entonces secretario de organización de ERC, Josep Carrapiço, tras ser declarado como investigado.
La jueza imputó además al jefe de departamento del Consejo Comarcal de La Selva, Juan Carlos Feliu Martín, y al director del Patronato de Turismo de la Costa Brava, Ramon Ramos Argimon. Al concejal y teniente de alcalde de Figueres, Manel Toro Coll, y al gerente del entre de recaudación de la Diputación de Gerona, Xavier Alberch Figueras.
Ni siquiera se tomó declaración
La jueza dividió la causa en cuatro piezas y envió la de la comarca de La Selva, con 43 investigados, entre los cuales políticos gerundenses, a los juzgados de Santa Coloma de Farners. Trece años después, se archiva la causa al "superar de largo el tiempo de instrucción sin que se hayan podido practicar las diligencias imprescindibles para el enjuiciamiento de la causa". Ni siquiera se ha tomado declaración a los investigados.
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