El PSC entrega su política de vivienda al colauismo: qué consecuencias va a traer la nueva medida

El tripartito se ha repartido las funciones. ERC, por ejemplo, se dedica a ganar visibilidad con el sistema de financiación y otras concesiones. Los Comuns, en cambio, intentan capitalizar el problema inmobiliario. Por su parte, el PSC solo quiere estar en el poder.

Este reparto de funciones representa algunos problemas para la vida política catalana. El más destacado de ellos es que se han heredado algunas de las peores dinámicas de los últimos años. En el caso de ERC, algunos comportamientos procesistas (concesiones vaporosas o proliferación de chiringuitos), y en el caso de los Comuns, la política de vivienda.

Esto último resulta doblemente preocupante si tenemos en cuenta que las políticas de los Comuns ya se han probado. En Barcelona, Ada Colau fue el estandarte de una política inmobiliaria que, en esencia, solo ha empeorado el problema. Ahora, el Govern Illa ha llevado esta política a su máxima expresión a través de la Generalitat.

El festival de la regulación

El goteo de medidas ha sido constante. Aplicar la ley estatal de alquileres, regular el alquiler de temporal y de habitaciones, crear unidad antidesahucios y, ahora, prohibir la compra “especulativa”. Esta es la última ocurrencia de los Comuns y que el PSC ha adoptado con su estilo habitual.

Es decir, lo asumen sin comprometerse de lleno, dicen que lo “estudiarán” y lo vinculan a la intendencia diaria del Parlament, o sea, los Presupuestos. Dejando ahora de lado la política parlamentaria, lo que vemos con esta última propuesta inmobiliaria es que el modelo intervencionista huye hacia adelante.

Sin ir más lejos, nadie en el PSC sabe a ciencia cierta cómo se puede sostener legalmente esta limitación al derecho de propiedad. Por el momento, han puesto en marcha la maquinaria del relato y han montado una nueva ‘Mesa por la Vivienda’ que incluye figuras como Jaime Palomera. Del mismo modo, dan visibilidad en medios a voces que dicen que todo esto es posible, como puede ser Pablo Feu, que es de esperar que pronto esté en tertulias, programas, etc.

Luego, está la realidad

La realidad es que todo el problema inmobiliario es resultado de que ninguna autoridad política o mediática de peso quiera asumir con realismo ante la ciudadanía que el problema está en una demanda ingobernable dada la presión demográfica de la inmigración.

Por el contrario, triunfa el discurso de los “especuladores”, “fondos buitre”, etc. Se presupone así que el problema está en que ciertos actores económicos acumulan la oferta y la adulteran. Esto llevaría a un alza artificial de los precios que beneficiaría a los “ricos”.

Pues bien, esto es falso por la razón de que la absoluta mayoría de la oferta está descentralizada y en manos de particulares. Es decir, que los “especuladores” son en su mayoría baby boomers que tienen patrimonio inmobiliario. Y si estos propietarios suben los precios es porque perciben una demanda desatada y que llega hasta el punto de hacer castings a los posibles inquilinos.

Al margen de todo esto, luego está la lógica económica. Con una demanda sobre un bien inelástico que no cesa, los propietarios simplemente van rotando la oferta en los huecos legales que se abren. Así, pasan del alquiler residencial al temporal, luego al de habitaciones, etc. Y la última estación de este proceso es el mercado negro.

Y es que, cuando el problema está en la demanda, regular la oferta es inocuo en el mejor de los casos, cuando no directamente contraproducente. Además, por inverosímil que parezca, es el mercado el que consigue dar salida a la presión de demanda (habitaciones, colivings, etc.). Ahora bien, pero no son el mercado o los “especuladores” los responsables de que Cataluña tengan saldos migratorios positivos de cientos de miles de personas.

Finalmente, hay un indicador inapelable y que desmonta todo el ruido intervencionista en torno a la vivienda: los precios suben. A pesar de todas las regulaciones vigentes, los últimos datos muestran que el alquiler en Cataluña ha subido un 3,85%. Y con una seguridad casi absoluta se puede decir que dentro de un año volverá a subir, haya o no limitación a la compra de vivienda “especulativa”.