La premonición de Alejandro Fernández que desmonta el 'España nos roba' de ERC y Junts

Una de las paradojas que arrastra el procesismo es la de estar integrados en un Estado en el cual no quieren estar. Esto se podría entender como una estrategia para alcanzar la independencia. Pero años y años de participación en la vida pública española han desacreditado esta tesis, empezando por los famosos 18 meses de Rufián.

Otra de las características del procesismo - tal vez la más distintiva - sea su capacidad para ser un buen negocio. A nadie se le escapa que la industria política de Cataluña ha dado buenas salidas económicas y profesionales a muchas personas. En este sentido, sin embargo, el procesismo no ha sido muy discreto.

Los casos de personas ‘colocadas’ en diferentes instancias administrativas son incontables. Pero, entre estos casos, destacan los que se colocan en instituciones clave de España, o “Estado español”, como dice el procesismo. La contradicción es evidente: percibir salarios astronómicos por parte del Estado del cual denuncias opresión.

De AENA a Renfe y pasando por el Banco de España

Si se mira con un poco de perspectiva, se observa que Junts y ERC ha colocado a nueve afines en varias instituciones clave de España desde el año 2018. Es decir, que las tensiones constantes con Puigdemont, la amnistía, Rufián, etc., no han sido ningún obstáculo para colonizar instituciones públicas españolas.

El último caso ha sido el de Eduard Gràcia, que es de la órbita de Junts, socio de la ANC y organizador de protestas contra Rodalies. Pero, como ha desvelado esta semana la prensa, Gràcia llevaba tres meses de consejero por Junts en Renfe. De hecho, Gràcia acudía a las ruedas de prensa de la ANC (que anunciaban las huelgas) sin decir que ya estaba colocado en Renfe.

Otro caso que levantó mucho polvo mediático fue el de Sergi Sol (ERC) y Miquel Calçada (Junts). El pasado octubre, ambos fueron designados como consejeros en RTVE, cargos que les proporcionarán del orden de 105.000 euros anuales. En la clásica tradición procesista, todo esto no fue obstáculo para que dieran la nota en la toma de posesión, jurando en nombre del “ordenamiento jurídico vigente” para no hacer referencia a la Constitución y al Rey.

Y, si se mira más hacia atrás, ahí están otros casos de colocación. Ramon Tremosa (AENA), Pere Soler (CNMC), Elena Massot (Enegas), Josep Maria Salas (CNMC), Jordi Pons (BdE), Francesc Bellmunt (RTVE), Laura Castel (Consejo de Europa). Todas estas figuras engrosan lo que en redes sociales se llama humorísticamente “club de los 90K”.

Alejandro Fernández lo vio venir

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha querido recuperar una de sus intervenciones parlamentarias a propósito de este asunto. En un discurso del año 2021, en la designación de Pere Aragonès como presidente, Fernández ya se refería a esta cuestión. Y lo hacía en referencia a la que entonces era presidenta del Parlament: Laura Borràs.

Con su clásica ironía, Fernández, felicitó a Laura Borràs como nueva presidenta del Parlament y "como flamante funcionaria del Estado español". “La habíamos infravalorado”, dice Fernández, “porque hay que ser muy crac para llamar fascista a un Estado y a la vez sacarte una plaza de funcionaria del Estado fascista”.

Finalmente, el líder popular ironiza con que Borràs, el día de su toma de posesión, llamara a la desobediencia, “y por la tarde rellenaba los formularios para acceder a su plaza de funcionaria del Estado a desobedecer”. “Esto sí que es una jugada maestra”, concluye Fernández, “me pongo a sus pies, señora Borràs”:

En su mensaje redes, Fernández califica de “premonitorio” este discurso teniendo en cuenta los nuevos nombramientos de Junts y ERC. Lo que parece claro es que no hay ningún motivo para que el procesismo deje de utilizar esta práctica de colocación. Y menos todavía ahora, que ve como se desmorona la Cataluña procesista.