El plan de choque del Govern contra la delincuencia muestra sus primeras fisuras

Salvador Illa llegó a la Generalitat en agosto del año pasado con la promesa de “doblegar la curva delincuencial” en un tiempo razonable. La seguridad ha sido uno de sus principales cometidos en este primer año de legislatura. Anunció un plan contra las armas blancas y la multirreincidencia, y abrió una nueva etapa en Interior con el lema “quién la hace la paga”.

Las consejerías de Interior y de Justicia son los puntales de la estrategia del PSC para reducir las alarmantes cifras de la inseguridad en Cataluña. Pero en el ecuador del primer año de legislatura, sus planes están mostrando las primeras fisuras.

La consejera de Interior, Núria Parlon, ordenó una actuación más decidida en ámbitos como la okupación delincuencial, el crimen organizado y la criminalidad convencional. Una de las principales preocupaciones era el aumento de los apuñalamientos. Su plan de choque contra las armas blancas dio sus primeros resultados con la incautación de miles de armas blancas en operaciones especiales y macrorredadas.

Falta de información en Interior

Pero nuevas informaciones revelan una preocupante falta de datos en Interior para afrontar el problema de las armas blancas en Cataluña. La consejera de Interior ha reconocido ante la petición de Vox en el Parlament que su departamento no tiene datos sobre los delitos registrados con arma blanca. Parlon se excusa en que los programas informáticos no pueden discernir los datos.

Pero además, El Món reveló el pasado mes de marzo que hay un colapso de los servicios administrativos de Interior por la gran cantidad de armas blancas confiscadas. Hay 6.386 expedientes atascados, que por su cantidad y complejidad acaban caducando. 

La responsable de Interior reconoce que los expedientes no permiten discernir los delitos que se han cometido con arma blanca. Cuando se comete un delito se hace constar la presencia de arma blanca, pero sin determinar si se utilizó o solo fue requisada. Esto impide elaborar una base de datos fiable para una mayor eficacia de las actuaciones policiales.

Esta ignorancia compromete seriamente el plan de choque anunciado a bombo y platillo por el gobierno del PSC. A ello se suma el alto coste económico del plan, que ha supuesto más de un millón de euros en los primeros seis meses.

Atasco en los juzgados

La Consejería de Justicia también recibió recientemente un jarro de agua fría por parte de la magistratura. La jueza decana de Barcelona, Cristina Farrando, rebajó la euforia inicial sobre la construcción de nuevos juzgados para combatir la multirreincidencia. Alertó del atasco judicial que hay actualmente, con 6.800 juicios rápidos pendientes, y que alimenta la sensación de impunidad de los delincuentes.

El Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona anunciaron un ambicioso plan de choque con la construcción de 5 nuevos juzgados. 

La magistrada precisó que no se trata de la creación de nuevos juzgados sino del refuerzo de los juzgados penales para acelerar los juicios rápidos. De todas formas, ya avisó de que no será suficiente porque en el mejor de los casos logrará desencallar solo un tercio de estos juicios. Pese a que se podrán atender los nuevos casos que entren, los acumulados tendrán que irse resolviendo a largo plazo y llevará su tiempo.

Las primeras fisuras del plan de choque contra la inseguridad coinciden con un aumento de las okupaciones y de los homicidios vinculados al crimen organizado. Tipologías todas ellas que requieren una actuación muy específica, y que revisten una enorme complejidad.

El Govern de Salvador Illa lucha contra estas dificultades y contra el tiempo. Si no es capaz de acompañar el relato con datos convincentes en un tiempo prudencial, sus promesas se irán diluyendo. Esto acabaría dando la razón a partidos como PP y Vox, que denuncian diariamente la inseguridad que tienen que sufrir los ciudadanos en Cataluña.