La opinión de una vecina de Sants sobre inmigración e inseguridad que muchos comparten

Sants-Montjuïc fue escenario el viernes pasado de una manifestación vecinal contra la delincuencia creciente. Se quejan sobre todo del aumento de los robos y de los problemas que causan varios asentamientos ilegales. Aseguran tener miedo de salir de casa, y ante el abandono de las instituciones han decidido salir a la calle.

Una vecina del barrio, entrevistada en un programa de Cuatro, habló sobre la situación de indignación de los vecinos. También explico la desatención que reciben: por muchos que se quejen de la situación, sienten que los gobernantes les ha abandonado. 

La opinión de esta ciudadana ha sorprendido por su franqueza y ha sido viral en las redes. Ha asegurado estar harta de "no poder decir la verdad" por el miedo a que te llamen racista. Pide decir las cosas por su nombre, y es que "aquí ha venido a parar lo peor de una zona de África, todos lo sabemos pero nadie lo dice".

'Aquí tenemos un montón de menas que no son menas'

Esta mujer culpa al Gobierno de lo que está pasando, y asegura de forma tajante que "aquí tenemos un montón de menas que no son menas". Dice que muchos viven sin hacer nada, y reciben subvenciones mientras que gente que lo necesita no reciben ayudas.

Y es que casi la mitad de los que se someten a pruebas de edad resultaron ser adultos según la propia Fiscalía. En 2024 se tramitaron más de 7.500 diligencias y en más de 2.400 casos se confirmó que los supuestos menores ya habían superado la mayoría de edad. Aun así, la Generalitat los acoge mientras se aclara su condición.

Cataluña ha vivido una verdadera avalancha: entre 2023 y 2024 llegaron cerca de 4.800 menas, más de la mitad procedentes del Magreb, y el Barcelonès concentra buena parte de ellos. Solo en 2024 se registraron más de 2.600 nuevas llegadas, lo que convierte ese año ya en el segundo con más llegadas de la serie histórica.

El sistema está colapsado: los expedientes se acumulan, los centros funcionan muy por encima de su capacidad y los servicios sociales no dan abasto. En 2024 la Generalitat destinó más de 115 millones de euros a la atención de estos menores, lo que equivale a más de 4.000 euros al mes por mena. En comparación, una plaza en una residencia para personas mayores cuesta menos de la mitad.

Y todo esto mientras los centros de tutela operan al 160 % de su capacidad y la Generalitat mantiene un modelo que premia la picaresca y castiga al contribuyente. A todo ello se suma el problema de la inseguridad.

El establishment político y su complicidad

Pau Juvillà, exdiputado de la CUP, asegura que la delincuencia no depende del origen de los inmigrantes. Niega cualquier relación entre inmigración irregular y problemas de seguridad. Según él, los barrios colapsados no son culpa de los menas.

El Govern de Cataluña apoya esta postura. La portavoz del gobierno calificó de "impresentables" las críticas de Vox sobre delincuencia e inmigración irregular. Asegura que señalar estos problemas sería un ataque directo a la democracia catalana.

El mensaje es claro: la inmigración irregular se protege a toda costa. Mientras tanto, vecinos sufren la saturación de centros y servicios. Quejarse se convierte en ser señalado, mientras la Generalitat mantiene el efecto llamada y premia la irregularidad.