El okupa que ridiculiza al sistema: 225 denuncias y sigue libre para atacar otra vivienda

El caso de Marc M., vecino de Sant Boi de Llobregat y de solo 22 años, se ha convertido en el ejemplo más extremo de la incapacidad judicial para frenar la ocupación delictiva en Cataluña. El joven acumula 225 denuncias y 31 detenciones desde 2021 sin haber pasado ni un solo día en prisión. Su historial muestra un patrón reiterado: ocupar, chantajear, cobrar y desaparecer antes de que el sistema reaccione.

Los Mossos lo describen como miembro de un grupo criminal especializado en ocupar viviendas y coaccionar a los propietarios para obtener un beneficio económico. Su actividad empezó en Sant Boi, pero ha terminado extendiéndose por toda Cataluña ante la ausencia de medidas reales que frenen su actuación. Según un atestado al que accedió La Vanguardia, conoce perfectamente los tiempos judiciales y los utiliza para mantener un negocio delictivo muy rentable.

Un historial que desborda al sistema judicial

A pesar de su actividad continuada, todos los procedimientos contra Marc M. se tramitan como delitos leves de usurpación, que se saldan con multas sin ingreso en prisión. La multirreincidencia aprobada en 2022 no le afecta porque solo agrava delitos de hurto, no los relacionados con la ocupación de inmuebles. El resultado es un vacío legal que impide activar una respuesta penal proporcional al daño causado.

El historial policial del joven ocupa 29 páginas, repletas de fechas, viviendas invadidas y denuncias dispersas por distintos juzgados. Ningún tribunal ha centralizado sus causas, lo que diluye la percepción de gravedad y evita una investigación del patrimonio acumulado con años de chantajes. Si se toma como referencia el pago mínimo que exige en cada ocupación - entre 500 y 5.000 euros -, sus beneficios serían ingentes.

Para muchos propietarios y fondos inmobiliarios, la vía judicial no es una solución real. El proceso de desalojo puede tardar entre dos y tres años, mientras que pagar para que Marc M. abandone la vivienda ofrece resultados inmediatos. Esta dinámica alimenta un incentivo perverso: el delincuente cobra y reanuda la actividad en otro inmueble, confiado en que la ley nunca lo alcanzará.

Órdenes de alejamiento, amenazas y nuevos objetivos

Algunos juzgados han intentado poner límites, aunque sin éxito duradero. En Sant Boi se adoptó la medida más severa: prohibirle la entrada en el municipio. Aun así, Marc M. continuó actuando en otros puntos de Cataluña sin freno alguno.

Uno de los episodios más llamativos se produjo en Arenys de Munt, donde exigió 17.000 euros a un fondo a cambio de devolver una vivienda. Envió fotos, rompió el sistema de alarma y siguió dentro hasta que otro ocupa - al que presuntamente vendió las llaves - fue detenido. La causa está ahora en manos del juzgado de Arenys y es la única que investiga delitos más graves como coacciones y organización criminal.

Pero ni siquiera un proceso penal más serio lo ha frenado. En julio, los Mossos lo localizaron en El Vendrell mientras planeaba una nueva ocupación. Fue detenido y puesto en libertad pocas horas después. Días más tarde reapareció en Cardedeu, donde entró por el balcón de un primer piso, amenazó con arrojar una silla desde la vivienda y volvió a activar un procedimiento de desalojo que no prosperó.

Un símbolo de un problema estructural

El caso de Marc M. ya no es solo un expediente policial: es el retrato de un sistema incapaz de frenar la delincuencia vinculada a la ocupación. La falta de agravantes, los límites del delito leve y la ausencia de coordinación entre juzgados han permitido que un joven de 22 años se convierta en el ocupa más activo de Cataluña. Su próximo juicio no se celebrará hasta enero de 2026, lo que significa que seguirá libre para ocupar más viviendas.

Su historia evidencia un problema estructural que propietarios, jueces y policías llevan años denunciando sin éxito. Mientras las grietas legales sigan abiertas, casos como el de Marc M. seguirán repitiéndose en toda Cataluña.