Señal de tráfico en una carretera que indica una zona de bajas emisiones permitiendo solo el acceso a vehículos autorizados y con distintivo ambiental 0 ECO C o B
POLÍTICA

Nuevo golpe a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): Castelldefels también se desmarca

La implantación de este mecanismo sancionador ha sido un auténtico fracaso

La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones ha sido desde el principio un dolor de muelas para sus impulsores. Los tribunales han ido tumbando una a una la aplicación de este reglamento allí donde se ha implenetado. Los jueces alegan la "vulnerabilidad económica de los ciudadanos" frente a la voracidad sancionadora de las élites gobernantes.

En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia tumbó las ZBE en Barcelona y sus cuatro ciudades metropolitanas. Xavier García Albiol fue el primer alcalde en suspender su aplicación. Ahora, el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, ha anunciado también su rechazo.

Plano medio corto de Manu Reyes en camisa hablando con un micro inalámbrico al estilo teleoperador en un mitin al aire libre

Castelldefels ha decidido adoptar una vía distinta frente a la nueva normativa ambiental sobre las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Aunque la ley catalana exige sancionar los vehículos más contaminantes en municipios con más de 50 000 habitantes, el Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza local con una excepción importante: los vecinos no recibirán multas hasta 2030.

La ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Las infracciones estarán vigentes únicamente los días laborables, entre las 7:00 y las 20:00. Las sanciones previstas rondan los 200 €, con un aumento del 30 % por reincidencia.

Amplio apoyo municipal

Este alivio es una medida inédita en el área metropolitana. Solo Cerdanyola del Vallès había aprobado algo similar, aunque con una moratoria más corta, que se extiende hasta 2028. Castelldefels no reúne los criterios habituales del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), pero aun así ha logrado esta excepción.

En el pleno municipal, la ordenanza obtuvo el respaldo del PP, Som, PSC y Junts, mientras que ERC y Movem-En Comú se abstuvieron. A pesar de no haber votos en contra, algunas formaciones expresaron sus dudas sobre la validez legal de la moratoria. El teniente de alcalde David Solé (PP) defendió que la normativa cumple con la ley puntual y literalmente.

La exención aplica solo a los vehículos cuyos propietarios estén empadronados en Castelldefels y paguen allí el impuesto de circulación. La ordenanza prevé que esta excepción podría suspenderse en episodios de alta contaminación, si la Generalitat activa un protocolo reforzado.

El Ayuntamiento argumenta que esta moratoria es una forma justa de proteger a familias y pequeños comerciantes sin recursos para cambiar de coche de inmediato. La transición debe ser gradual para no afectar la economía local, apuntan.

ZBE, caos e hipocresía

Inicialmente, la ZBE abarcará solo el 9 % del suelo urbano y afectará al 28,22 % de la población, concentrándose en la zona más céntrica. La ordenanza contempla una segunda fase en 2029, con una posible ampliación de la ZBE si Castelldefels no alcanza ciertos objetivos de calidad del aire. Se evaluará si se pueden cumplir los requisitos técnicos, evidencias de mitigación ambiental, medidas complementarias y seguimiento.

Imagen de un cartel de Zona de Bajas Emisiones y de fondo una carretera con varios coches pasando a alta velocidad

El alcalde Reyes enfatizó que el Ayuntamiento cumple una obligación legal, aunque considera que las ZBE penalizan injustamente a las personas con menos recursos. También cuestionó la contradicción que supone soportar contaminación aérea causada por la actividad aeroportuaria mientras se imponen limitaciones a vehículos familiares. Asimismo, instó al Estado y a la Generalitat a ofrecer ayudas para sustituir los coches contaminantes por otros más sostenibles.

En definitiva, se trata de otro ayuntamiento que da la espalda a las ZBE evidenciando así su fracaso. Las ZBE son un ejemplo de cómo el establishmente globalista aplica políticas aparentemente progresistas que acaban perjudicando a las clases medias y bajas.

Esto ha llevado al caos, ya que ahora mismo hay ayuntamientos que ponen ZBE, otros que no, algunos que devuelven las multas, otros que recurren a la justicia, etc. Incluso algunos altos cargos de la DGT han denunciado la mala implementación de las ZBE. 

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