Ministro Marlaska de cabello canoso y barba hablando en una conferencia con una bandera de España en el fondo.
POLÍTICA

El Gobierno no ha actualizado el protocolo frente al aumento del 140% de 'menas'

Sindicatos policiales acusan al Gobierno de una 'falta total de acción' en materia de gestión migratoria de los 'menas'

España vive un aumento sin precedentes en la llegada de 'menas'. En agosto de 2025 se contabilizaban 18.967 jóvenes en esta situación, lo que supone un incremento del 140% respecto a 2021. Sin embargo, el protocolo de actuación policial no se ha actualizado desde 2017, según informa La Razón.

Ese año, el Ministerio del Interior fijó las bases de actuación de la Policía Nacional ante el crecimiento de llegadas. Entonces se pasaba de 3.997 menores registrados en 2016 a 6.414 en 2017, lo que llevó a establecer un marco de referencia. Desde entonces, pese a que las cifras se han disparado, el procedimiento sigue siendo el mismo.

Un protocolo desfasado ante una realidad distinta

El protocolo obliga a los agentes a comunicar de inmediato cada localización a Extranjería, a la Delegación del Gobierno y al Ministerio Fiscal. Si la minoría de edad es clara, el menor se registra en la base RMENA y se entrega a los servicios autonómicos de protección. Pero si existen dudas, se requieren pruebas médicas para determinar la edad y, hasta entonces, el proceso se ralentiza.

Una persona con camiseta amarilla y pantalones grises está de pie frente a una puerta de hierro entre dos pilares de piedra en un entorno arbolado.

Fuentes policiales consultadas por La Razón admiten que estas instrucciones ya no responden a la realidad actual. En la práctica, los procedimientos generan retrasos, inseguridad jurídica y una mayor vulnerabilidad tanto para los menores como para la ciudadanía. A pesar del aumento de casos, el Ejecutivo no ha introducido nuevas medidas de apoyo.

La normativa de referencia sigue siendo la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros. También se mantiene vigente el Real Decreto 557/2011, que regula la residencia temporal de 90 días y establece el registro centralizado de menores en la Dirección General de la Policía. Un marco que, según sindicatos policiales, ha quedado perfectamente obsoleto.

Críticas por la falta de acción

El sindicato Jupol ha denunciado que existe una “falta total de acción” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Aseguran que el Ejecutivo se limita a proclamar preocupación por la situación de los menores, pero no ha aprobado ni un solo protocolo nuevo. “Se trata de un discurso vacío de contenido que no se ha traducido en herramientas reales para los agentes”, lamentan.

Un grupo de personas, incluyendo miembros de la Guardia Civil y de la Cruz Roja, se encuentran alrededor de un autobús.

Los policías reclaman una reforma urgente de la Ley del Menor, adaptada a la situación actual. También piden acuerdos automáticos de readmisión con los países de origen y tránsito de la inmigración irregular. Consideran que estas medidas serían más eficaces para afrontar el incremento de llegadas.

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