Europa Press Murcia recorta las subvenciones a sindicatos y patronales tras un pacto entre PP y Vox
El Gobierno regional establece la 'concurrencia competitiva' para asignar subvenciones públicas
La Región de Murcia ha aprobado una reforma legislativa que marca un cambio significativo en su política institucional. Desde ahora, los sindicatos y las patronales dejarán de recibir subvenciones automáticas del Gobierno autonómico. La medida, fruto del pacto presupuestario entre PP y Vox, fue publicada en el Boletín Oficial de la Región entra en vigor con efecto inmediato.
La reforma modifica la Ley de Participación Institucional para eliminar las ayudas directas que hasta ahora recibían UGT, CCOO y la patronal CROEM. En total, estas organizaciones percibían unos 300.000 euros anuales por su presencia en mesas de diálogo social y órganos consultivos. A partir de ahora, esa participación ya no conllevará contraprestación económica alguna.
Un nuevo enfoque en el uso de recursos públicos
Los impulsores de la medida argumentan que se trata de una decisión alineada con tres principios: austeridad, transparencia y eficiencia institucional. En palabras del diputado del PP, Antonio Landaburu, se abre “una oportunidad única para optimizar los recursos de la Región y dirigirlos a lo prioritario, como reducir listas de espera”. Desde Vox, el discurso ha sido más contundente: “se acabó la financiación obligatoria a los chiringuitos sindicales y empresariales”.
El recorte del gasto es una de las banderas de Vox | Europa Press
El nuevo texto legal no prohíbe la participación de estas organizaciones en las instituciones, pero sí elimina las asignaciones automáticas. De hecho, se introduce el concepto de “concurrencia competitiva” para abrir la puerta a que cualquier entidad pueda optar a subvenciones si las hubiera. De este modo, se busca acabar con un modelo que, según los firmantes, “privilegiaba” a ciertos agentes sociales.
Desde el Ejecutivo autonómico defienden que los fondos públicos deben priorizar servicios esenciales como la sanidad, la educación o las infraestructuras. En ese sentido, esta reasignación de recursos se puede ver como un gesto simbólico hacia la eficiencia presupuestaria.
Malestar en los sindicatos y recurso judicial en camino
La reforma no ha estado exenta de polémica. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han anunciado que llevarán la ley ante los tribunales al considerar que vulnera su derecho constitucional a participar institucionalmente. Ambas organizaciones denuncian un “agravio comparativo” y una maniobra política para erosionar su papel social.
Según CCOO, la nueva normativa les impide cobrar por representar a 660.000 trabajadores activos en la Región. Por su parte, UGT asegura que la ley tiene “poco recorrido jurídico” y recuerda que medidas similares han sido tumbadas en otras comunidades.
La oposición también ha cargado contra la iniciativa. El PSOE habla de “chantaje de Vox al PP”, mientras que Podemos alerta de un intento por “desmantelar las organizaciones de clase”. A pesar de estas críticas, el texto fue aprobado en la Asamblea Regional el pasado 17 de junio con mayoría parlamentaria.
Un precedente con recorrido político
Lo sucedido en Murcia es un precedente: en los últimos años, varias comunidades han iniciado debates sobre la financiación pública a sindicatos y patronales. Sin embargo, esta es la primera vez que un gobierno autonómico del PP aprueba formalmente un recorte estructural en este ámbito. Y lo hace, además, en alianza con Vox, que ha situado esta cuestión en el centro de su agenda política.
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