La operación exterior del procesismo pierde (otra vez) su gran coartada. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha concluido que el Tribunal Supremo no vulneró los derechos políticos de Jordi Turull, Oriol Junqueras y Jordi Sànchez. Tampoco quebró su libertad ni su libertad de expresión. Avala, además, la prisión preventiva que les impidió participar con normalidad en las elecciones catalanas de diciembre de 2017.
El fallo desmonta un pilar central del relato independentista. Estrasburgo sostiene que las denuncias no acreditan una finalidad encubierta contra los dirigentes. Subraya que no fueron encarcelados por sus ideas, sino por hechos investigados como delitos graves. Y recuerda que existían vías legales y constitucionales para defender su proyecto político sin quebrar el orden jurídico.
Un revés clave en Estrasburgo
La sentencia, unánime, valida el trabajo de los tribunales españoles y el TEDH aprecia proporcionalidad en las restricciones impugnadas. Es decir, que atendió a la gravedad de los hechos y a la afectación de valores básicos del Estado de derecho. El tribunal también destaca que los partidos de los afectados concurrieron a las elecciones del 21-D y que el sistema político catalán continuó funcionando.
Queda pendiente la resolución sobre los recursos presentados contra las condenas que dictó el Supremo. Pero, a día de hoy, el veredicto de Estrasburgo desactiva el argumento de una persecución política orquestada desde la justicia española.
Esa fue la quinta derrota de Costa, uno de los gurús del procesismo, ante instancias europeas. Su reacción fue la descalificación del tribunal y la amenaza de buscar “otros lugares” para reclamar derechos. El patrón, en definitiva, se repite.
El procesismo acude a Europa como refugio moral y, cuando Europa no avala la tesis procesista, se impugna a Europa. La estrategia exterior se convierte así en un boomerang. Primero promete la legitimación internacional, después exhibe la pataleta ante cada revés.
El mensaje de Estrasburgo es nítido: el problema no son las ideas, el problema es cómo se intentaron imponer. El tribunal insiste en que existían mecanismos democráticos para impulsar cambios políticos. Y que la respuesta judicial del Estado no fue arbitraria; la prisión provisional se justifica por la naturaleza de los hechos.
Una lección para la política catalana
El fallo obliga a un cambio de fase. El postprocés no se resolverá en Estrasburgo ni en otros foros internacionales. Requiere política real, claridad programática y respeto a las reglas comunes. Seguir empujando una estrategia judicial agotada solo alarga el engaño a una parte de la sociedad catalana.
Esto es especialmente relevante si tenemos presente que Junts ha fiado el futuro de la amnistía a Europa. Desde el principio sabían que el juez Marchena apelaría a Europa tras el fallo - previsiblemente positivo - del Constitucional. Con estos antecedentes, es muy probable que la justicia europea le tumbe la amnistía a Puigdemont.
Europa Press 
